Redondo lamenta que la gestión económica de las cuentas del Ayuntamiento de Castellón de Amparo Marco va “de mal en peor”
“Ya no cabe hablar de herencia, llevan cinco años gestionando”, denuncia Redondo
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, lamenta que la gestión económica de las cuentas del Ayuntamiento de Castellón de Amparo Marco va “de mal en peor”. Redondo valora así el hecho de que en el último pleno del ejercicio 2019 del consistorio se sometiera a votación una nueva tanda de reconocimientos extrajudiciales de crédito, hasta un total de 11, de los que solo dos contaron con el informe favorable de la Intervención Municipal.
“La realidad es que la situación ha empeorado sustancialmente y de una manera escandalosa. El tripartito de PSPV, Compromís y Podemos va a acabar el año batiendo todos los records negativos en cuanto a la gestión económica de este ayuntamiento, con unas cifras que son demoledoras”, señala. “40,5 millones de euros de facturas pagadas irregularmente desde el año 2016, el 99% de ellas con informes de reparo del interventor, casi 2.300 facturas pagadas por este procedimiento. Solo en este año 2019, 14,2 millones de euros y 750 facturas pagadas a través de REC”, subraya.
En este sentido, también destaca cómo los datos se han ido disparando a medida que avanzan los años de permanencia de los partidos del Pacte del Grau, primero; y del Acord de Fadrell, ahora, disparando el valor de las facturas pagadas fuera de contrato en un 273% desde el año 2016. En ese ejercicio, fueron un total de 3,8 millones de euros de contratos fuera de la legalidad los que se abonaron, de 10,5 millones en el año 2017, de 11,9 millones de euros en el 2018 y los citados 14,2 millones de euros del vigente 2019.
“El Partido Popular no va a caer en la hipocresía y la demagogia que utlizaba el PSOE cuando estaba en la oposición, acusándolos de corrupción, pero las cifras son lo suficientemente elocuentes como para acreditar que el equipo de Amparo Marco es incompetente para afrontar esta tarea, y ni siquiera la subida de sus sueldos en un 50%, hasta los 62.500 euros anuales que cobran, ha servido como elemento motivador para que se pongan las pilas”, afea.
El concejal del Grupo Municipal Popular destaca que en esta remesa de nuevas facturas extrajudiciales de crédito se han traído cuestiones como el pago de la empresa de protección contra icendios, el abono de los servicios a la empresa de recaudación municipal, el mantenimiento de los semáforos o el suministro de energía eléctrica, “cuestiones todas ellas que no tienen nada de extraordinarias, todo lo contrario. Son servicios que se contratan regular y periódicamente, por lo que para no caer en la fórmula de los pagos irregulares basta con preverlo y licitar los correspondientes contratos una vez caducan, tal y como marca la legislación”, informa.
Precisamente, la votación de los 11 REC pasó en un pleno en el que también se dio cuenta del último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat del ejercicio 2016, y en el que se afea que “la información económica de ese ejercicio se mandó fuera de plazo; el ayuntamiento no ejerció ninguna de las modalidades de control interno previstas en el artículo 213 de la ley reguladora de las haciendas locales, ni previo, ni posterior, ni de eficacia ni de eficiencia; también dice que se informaron desfavorablemente 5 propuestas de modificación de crédito; y en cuanto a los REC, subraya que debe realizarse un seguimiento para minimizar su utilización, quedando este como excepcional”. “Si esto lo dice la sindicatura de cuentas en un ejercicio en que los REC ascendieron a 3,8 millones de euros, no quiero perderme cuando llegue el informe de este año 2019, con 14,2 millones de euros”, anticipa.
Para Juan Carlos Redondo, “ya no cabe hablar de herencia, llevan cinco años gestionando, han tenido tiempo de sobra para gestionar con la diligencia que prometieron cuando comenzaron a dirigir el destino de la ciudad, y lejos de mejorar la situación, ha empeorado. Es hora de que se pongan a trabajar”.
En este sentido, el edil Popular pone dos ejemplos que se acaban de formalizar: el contrato de señalización vertical por valor de 2,7 millones de euros, y que estaba caducado desde el 4 de junio de 2017 el actual contrato, y el 10 de diciembre de 2019 se formalizó el contrato para el mantenimiento de los semáforos por valor de 8,3 millones de euros, que a su vez estaba finalizado el 1 de octubre de 2017.
Ante esta situación, Juan Carlos Redondo denuncia que “se están incumpliendo al menos dos artículos de la ley de contratos del sector público: el artículo Nº 1 porque están impidiendo a otras empresas que puedan acceder libremente a las licitaciones y el artículo 29 que establece una prórroga tácita para contratos ya vencidos de 9 meses como máximo. Los partidos del Acord de Fadrell están caminando peligrosamente sobre la línea que separa la legalidad de la ilegalidad”, remarca.
El concejal del Grupo Municipal Popular denuncia que la falta de licitación de los contratos públicos municipales genera agravios comparativos frente al principio de igualdad de oportunidades. Hay muchas empresas que llevan más de dos años esperando que se liciten los nuevos contratos, que se publiquen los pliegos de condiciones para poder trabajar con este ayuntamiento y que están viendo cómo otras empresas de la competencia siguen cobrando millones de euros sin ninguna base legal. Ustedes ni saben ni quieren, en cinco años la situación ha empeorado gravemente. Pónganse a trabajar ya”, concluye.
