El PSPV denuncia que el equipo de gobierno del PP en Castellón paga a proveedores municipales con tres años de retraso
Un informe de la Intervención Municipal constata que el PP se saltó la ley de contratos del sector público al contratar servicios y suministros por más de 9 millones de euros
“Alberto Fabra se está consumando como un pésimo gestor. Es incomprensible que alguien con un currículum tan nefasto en materia económica, que está llevando al Ayuntamiento de Castellón a la bancarrota, se postule como candidato del Partido Popular a presidir la Generalitat. Es para echarse las manos a la cabeza”, afirma Peris. “El PP está hipotecando el futuro de Castellón con una gestión caótica, irresponsable y absurda”, añade.
Peris revela que entre las facturas irregulares que el PP “legalizará” en el pleno hay algunas correspondientes a servicios y suministros realizados en 2007. “En lugar de impulsar medidas de apoyo a la economía productiva, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Castellón es asfixiar a las pequeñas y medianas empresas al retrasar tanto tiempo el pago de facturas. Esa es la forma que entiende Fabra de ayudar a Castellón a salir de la crisis”, plantea.
Los impagos municipales en Castellón colisionan con la postura nacional del PP, que votó ayer en el Congreso de los Diputados a favor de una proposición de ley para limitar a 30 días el plazo máximo en que la Administración debe pagar a sus proveedores. “El PP de Castellón siempre va con retraso. El equipo económico municipal sólo tiene celeridad para aprobar impuestos y tasas más elevados, pero nunca para gestionar con racionalidad”, expone.
La Intervención General Municipal ha elaborado un informe de reparos en el que cuestiona los 9 millones de euros del reconocimiento extrajudicial de créditos que pasará por el pleno. En un demoledor escrito, se señala que “no consta en el expediente que en la realización de los gastos se hayan seguido los requisitos y trámites esenciales de la legislación en materia de contratos del sector público y demás disposiciones legales, no acreditándose la existencia de crédito suficiente en cada uno de los suministros y servicios”.
El informe de la Intervención establece la necesidad de realizar un “exhaustivo seguimiento del presupuesto de 2010 al objeto de evitar un impacto negativo en su ejecución”. Según Peris, los 9 millones de euros en facturas irregulares suponen un nuevo incumplimiento del Plan Económico Financiero y del Plan de Saneamiento Municipal elaborados por el alcalde.
