El PSPV cuestiona la sustitución de palmeras por árboles de baja calidad paisajística en el centro de Castellón

El grupo municipal socialista efectuará una batería de preguntas en la próxima Comisión de Desarrollo de la Ciudad para que el equipo de gobierno informe sobre la eliminación de palmeras urbanas en el casco urbano Castellón y su sustitución por árboles de menor calidad paisajística. Las palmeras están siendo retiradas en algunos puntos de la avenida del Rey y son sustituidas por árboles de vivero de pequeñas dimensiones que no realzan en entorno.

“Las palmeras forman parte de la fisonomía urbana y de la memoria emocional de la ciudadanía. Castellón es una ciudad mediterránea y debería seguir teniendo la palmera como una seña de identidad”, afirma el concejal Joan Morales, responsable de Medio Ambiente en el grupo socialista, quien lamenta que no se respete uno de los elementos naturales que más singulariza el entorno urbano. “Es una muestra más del abandono en el que el PP tiene a Castellón”.

La oposición solicitará, asimismo, un balance de la eficacia de los tratamientos contra el picudo rojo que se han estado aplicando en los últimos años. La plaga del picudo está devastando la población de palmeras en los espacios públicos, especialmente en algunos puntos de la ciudad en los que tenían un protagonismo especial, como las avenidas del Rey y Capuchinos.

Morales considera que ante la infestación masiva del palmeral urbano, el área de Medio Ambiente podía haber optado por una replantación de palmeras más resistentes al ataque del picudo, como las Washingtonia, ya que el insecto solo se alimenta mayoritariamente de las Phoenix Dactylifera y Phoenix Canaria. Además, plantea la posibilidad de estudiar la plantación de naranjos, un árbol vinculado a la cultura económica de Castellón y que es “un icono del País Valenciano”.

El edil socialista alerta también del coste económico que tiene para las arcas públicas la continua replantación de árboles a causa de una conservación, en algunos casos, deficiente. “Los recursos públicos deben emplearse con sensatez, con un permanente control de la eficacia de los servicios que prestan las empresas adjudicatarias de los contratos de mantenimiento”, dice.