El PSPV de Castellón alega contra la nueva planta de residuos y el Ayuntamiento apunta al Plan General socialista como origen del problema

El PSPV de Castellón ha acusado al Ayuntamiento de “incumplir el Plan General” para permitir la instalación de una planta de almacenamiento, tratamiento y trituración de residuos de construcción y demolición en el entorno de la carretera de l’Alcora, junto a zonas residenciales y centros educativos del distrito oeste.

Así lo han denunciado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta; el portavoz adjunto, José Luis López; y el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, quienes han exigido la denegación de la licencia ambiental, han anunciado la presentación de alegaciones por parte del PSPV y han mostrado su respaldo a las registradas por los vecinos y vecinas afectados.

José Luis López ha señalado que “el gobierno de Carrasco está intentando trasladar a la ciudadanía la idea de que este proyecto es inevitable y que el ayuntamiento no puede hacer nada, y eso no es verdad”. En este sentido, ha recordado que la licencia ambiental “la tramita el actual gobierno municipal” y que el informe urbanístico “puede ser favorable o desfavorable”.

López ha advertido de que no se trata de “una nave cualquiera ni de una actividad menor”, sino de una instalación con “tránsito continuo de camiones, acopio y trituración de escombros, emisión de polvo, ruidos y posibles materiales contaminantes como sílice o amianto”, todo ello “muy cerca de viviendas, barrios consolidados y colegios”.

López ha insistido en que el debate “no es solo ambiental, sino también urbanístico”, y ha criticado que PP y Vox pretendan hacer creer que “cualquier actividad industrial vale” en ese sector. “Una cosa es permitir usos compatibles con un entorno urbano y otra muy distinta es instalar una planta de residuos con trituración de escombros junto a casas y colegios”, ha afirmado.

El Ayuntamiento apunta como "origen" del problema "al Plan General aprobado por el PSOE en 2021"

Al respecto, el portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha denunciado una campaña de “mentiras y falsas informaciones intencionadas” con la que, según ha señalado, “el Partido Socialista pretende confundir y alarmar a los vecinos para ocultar su propia responsabilidad política, su mala gestión cuando gobernaron”. "Los pirómanos nunca pueden ser los héroes en un incendio. El bodrio de Plan General del PSOE fue el causante de que se estuviera a punto de poner una gasolinera en zona residencial y el que abre la puerta a la instalación del almacén en la carretera de Alcora”, ha expresado, en referencia a la famosa estación de servicio de Rafalafena.

“Escucharemos y atenderemos las alegaciones de los vecinos de la carretera de Alcora, las que no vamos a escuchar son las alegaciones de los que han generado el problema y ahora quieren disfrazarse de salvadores”, ha añadido.

Asimismo, Sales ha sido tajante al afirmar que “el PSOE es el culpable de alarmar con mentiras a los vecinos del entorno de la carretera de Alcora, incluso llegando a decir que se iba a instalar un vertedero, cuando lo que se ha solicitado es la licencia para un almacén y valoración de residuos de la construcción y demolición en esta zona".

En este sentido, ha explicado que “el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 diferenciaba claramente suelo residencial de industrial, sin embargo, el cambio de Plan General que aprobaron los socialistas posibilitando la actividad de la planta en suelo residencial es el origen del problema. Por tanto, fue el Plan General aprobado por el PSOE en 2021 el que modificó esa protección y abrió la puerta a situaciones como la que ahora los socialistas intentan utilizar políticamente”.

El PSOE cree que se hace una "interpretación forzada" del Plan General

Por su parte, Patricia Puerta ha alertado de que “no estamos ante un caso aislado, sino ante un patrón que se repite y que define el modelo de ciudad del Partido Popular”, haciendo referencia a casos como la gasolinera de Rafalafena o el apartahotel de la Marjaleria. “Intentaron sacar adelante ambos proyectos retorciendo el planeamiento urbanístico, pero gracias a la presión vecinal y al trabajo del Partido Socialista tuvieron que acabar renunciando”, ha señalado.

Patricia Puerta ha advertido además de que el gobierno de Begoña Carrasco “vuelve a actuar pensando más en determinados intereses privados que en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

En la misma línea, Rafa Simó ha asegurado que las decisiones políticas “tienen consecuencias técnicas y sociales” y ha lamentado que el gobierno municipal haya apartado “a los técnicos que redactaron y mejor conocen el Plan General”. Según ha señalado, eso está provocando “interpretaciones forzadas” y una creciente “inseguridad urbanística”.

El dirigente socialista ha afirmado que “si esta planta se puede denegar es precisamente gracias al Plan General que tanto criticó el Partido Popular”, y ha reivindicado tanto la movilización vecinal como el trabajo realizado por el PSPV. “Cuando la ciudadanía se moviliza y la oposición actúa, las cosas pueden cambiar”, ha afirmado. Simó también ha pedido a la alcaldesa que “haga rectificar a sus concejales y deniegue la licencia”, tras criticar las declaraciones realizadas en los últimos días por miembros del gobierno local sobre este proyecto.

Así, ha cargado contra el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, “que ha llegado a decir que el Plan General es un ‘bodrio’, cuando precisamente es el documento que hoy está protegiendo a Castelló del amiguismo y del urbanismo a la carta”. 

Desde el PSPV "llegaremos hasta donde haga falta para parar este proyecto y seguiremos apoyando todas las alegaciones y acciones vecinales necesarias para impedir la instalación de esta planta de residuos, porque Castelló no merece más improvisación, más opacidad ni más urbanismo a la carta”.