El 85% de las solicitudes de Castellón en relación con la Ley de Dependencia ya están valoradas

La concejala de Bienestar Social, Carmen Amorós, ha destacado hoy que el 85% de las solicitudes de Castellón con respecto a Castellón ya están valoradas “a pesar de la discriminación presupuestaria que tenemos con respecto a otras Comunidades Autónomas como Andalucía”. Amorós, quien ha concretado que desde el consistorio se remiten las solicitudes a la Conselleria de Bienestar Social y es allí donde se encargan de valorarlas, ha destacado que la Generalitat Valenciana y los valencianos dependientes aportan más de un 80% para financiar los gastos de aplicación de esta ley e incluso el usuario aporta de media más que el propio Gobierno Central.

Así, con respecto al grado 2 nivel 1 de dependencia, la concejala ha comentado que el Gobierno paga 70 euros y el enfermo alrededor del 20%, lo que supone unos 300 euros, mientras que la Generalitat Valenciana paga sobre el 75% y el resto, o sea, un 5%, el Estado, cuando en realidad, el Gobierno Central tendría que pagar el 50%, según indica la Ley de Dependencia. Por lo que respecta al grado 3 nivel 2, que es el máximo grado, suponiendo que la plaza en una residencia cueste unos 1.500 euros, el Estado paga 267 euros, lo que supone menos del 18%, el enfermo el 20% que supone unos 300 euros y la Conselleria, 933 euros, lo que supone un 62%.

Amorós ha destacado que en la actualidad, alrededor de 4.000 personas ya están en residencias, centros de día o centros ocupacionales y además hay más de 900 resoluciones ya de ayuda en el entorno familiar.

La edil ha recordado que desde el Ayuntamiento de Castellón se sigue prestando de forma gratuita para el usuario el servicio de Ayuda a Domicilio, la teleasistencia y la teleayuda y otros como el menjar a casa y el major a casa, que sí que tienen copago. “Gracias a la política social del Gobierno del PP, en la Comunitat Valenciana, en la provincia de Castellón, no hay lista de espera para ingresar en una residencia o centro de día y se puede hacer en el plazo de una semana como máximo”, ha afirmado la concejala, quien en el caso de Andalucía, el Gobierno central sí que aporta el 50%. Amorós ha finalizado diciendo que los enfermos mentales todavía no se contemplan en la Ley de Dependencia no los menores de tres años con discapacidad.