Ayuntamiento, jueces y procuradores colaboran para activar el protocolo sobre los desahucios
La Ciudad de la Justicia ha acogido hoy una reunión de trabajo entre representantes del Ayuntamiento de Castellón y de la Audiencia Provincial para redactar el protocolo administrativo que establecerá los cauces a seguir en el caso de los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria. Por parte del ayuntamiento han participado en el encuentro la alcaldesa, Amparo Marco; los tenientes de alcalde Ali Brancal y José Luis López, y el concejal de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo; por parte de la Audiencia Provincial han asistido su presidente, José Manuel Marco Cos; el juez decano, José Luis Conde-Pumpido y la decana del Colegio de Procuradores, Carmen Rubio.
El objetivo que se persigue con este protocolo es detectar qué personas y familias que se ven obligadas a abandonar su vivienda se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social, de manera que se les pueda procurar una solución al lanzamiento de su vivienda. Esta solución puede venir a través del servicio de asesoría jurídica que se puso en marcha junto al Colegio de Abogados de Castellón, una iniciativa socialista que ahora se va a ampliar para ayudar a las familias a renegociar las hipotecas, acompañarlas en las gestiones bancarias y evitar llegar a la ejecución hipotecaria; o a través del realojamiento en viviendas sociales, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.
En este sentido, los integrantes de la mesa de trabajo han hecho hincapié en que lo más importante es comenzar a abordar el problema que supone un futuro desahucio desde el primer momento, desde que el afectado tiene la primera notificación. Para ello, el Ayuntamiento editará una hoja informativa explicando los recursos sociales con que cuenta para ayudar a los afectados por esta situación, incluyendo el teléfono y la oficina donde se podrán dirigir. Por su parte, los agentes judiciales harán llegar dicha información a los afectados y pondrán en conocimiento del tribunal y del ayuntamiento los casos en los que haya una situación de riesgo social.
Tras la reunión, Marco Cos ha querido destacar que esta iniciativa ha partido del Colegio de Procuradores, especialmente sensibilizado por los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, ya que son sus colegiados los que están presentes en estos actos judiciales y son conscientes del drama humano que ocasionan. El presidente ha destacado que la clave de este acuerdo es “articular un medio para que exista un flujo de información entre ambas instituciones, la jurídica y la municipal, de forma que entre todos podamos ayudar a los ciudadanos de Castellón”.
Por su parte, la alcaldesa, Amparo Marco, ha explicado que “necesitamos la colaboración de todas las instituciones y administraciones públicas para evitar los desahucios. Desde el primer momento, el nuevo Gobierno Municipal y Castelló en Moviment ha estado muy sensibilizado con este tema: nos hemos reunido con la Conselleria de Vivienda para que nos ceda 35 viviendas sociales, vamos a rehabilitar las 4 viviendas municipales que están desocupadas y hemos iniciado una ronda de contactos con entidades bancarias para que aplacen o paralicen los desahucios en los casos donde haya un riesgo social y para que pongan a disposición del ayuntamiento una bolsa de viviendas que podamos destinar a alquiler social”.
“El gobierno municipal es consciente de la situación por la que están atravesando miles de familias de nuestra ciudad, que están perdiendo sus viviendas y tienen graves problemas de subsistencia. Por ello, nuestro objetivo prioritario es que Castellón sea una ciudad libre de desahucios y conseguir que ninguna familia pierda su hogar” ha concluido la alcaldesa.
