El Ayuntamiento de Castellón prepara un protocolo administrativo sobre los desahucios
El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado los trámites para aprobar un protocolo administrativo que establecerá los cauces a seguir en el caso de los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria.
Los desahucios representan un problema social que es preciso afrontar con determinación y con el consenso de todas las instituciones y organismos públicos que intervienen: tribunales, operadores jurídicos y Ayuntamiento. Por ello, la alcaldesa, Amparo Marco, ha contactado con el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco Cos, para impulsar el desarrollo de este protocolo, que ha surgido a iniciativa del Colegio de Procuradores, especialmente sensibilizado por los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, ya que son los procuradores y procuradoras los que están presentes en estos actos judiciales y son conscientes del drama humano que ocasionan. Marco Cos asumió la reivindicación de los procuradores y la planteó al Ayuntamiento.
El objetivo que se persigue con este protocolo es detectar el grado de necesidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar su vivienda en ejecución de una resolución judicial, de manera que se les pueda procurar un alojamiento alternativo, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.
Sin embargo, mientras se consensúa este documento, el gobierno de Castellón ya está trabajando para poder dar respuesta a futuros desahucios. La concejala de Vivienda Social, Participación Ciudadana e Igualdad, Ali Brancal, ha explicado que las concejalías de Vivienda y Bienestar Social están trabajando para conocer la disponibilidad de los pisos municipales, el estado de conservación y las reparaciones urgentes a realizar para ponerlas a disposición de la ciudadanía, ya que la falta de decisión política del anterior equipo de gobierno en esta materia hace que en estos momentos la oferta de vivienda social sea limitada.
Así mismo ha indicado que “también hemos iniciado contactos con diferentes entidades bancarias para que aplacen o paralicen los desahucios en los casos donde haya un riesgo social y para que pongan a disposición de las personas desahuciadas un piso en alquiler reducido”.
La concejala ha indicado que “el protocolo propuesto por el Colegio de Procuradores es el punto de partida. El ayuntamiento, con todas las concejalías y organismos implicados, trabajará para revisarlo, mejorarlo y conseguir la mayor protección posible para las familias de Castellón”. Por eso, en breve se celebrará una reunión con todos los actores que deben de intervenir para revisarlo y adaptarlo a las características organizativas de la ciudad.
“El gobierno municipal es consciente de la situación por la que están atravesando miles de familias de nuestra ciudad, que están perdiendo sus viviendas y tienen graves problemas de subsistencia. Por ello, nuestro objetivo prioritario es conseguir que ninguna familia pierda su hogar” ha concluido la alcaldesa.
