Grau arremete contra la “cultura de hormigón” del PP en el “atropello urbanístico” del Ribalta
Grau respalda la denuncia que el grupo municipal socialista ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio. La denuncia señala a las consellerias de Infraestructuras y Cultura y al alcalde como responsables de una intervención en el Ribalta que ha incumplido la legislación patrimonial y los condicionantes que estipuló la Dirección General de Patrimonio para autorizar el proyecto de acondicionamiento del parque.
El dirigente socialsita censura la “negligencia” con que el alcalde protege la cultura local. “Alberto Fabra lleva meses de palmero del imputado Camps y ha dejado el gobierno de la ciudad en manos de temerarios”, afirma. “Los socialistas no somos partidarios de la judicialización de la política, pero la prepotencia con que el PP ha impulsado este proyecto, sin atender el clamor social en contra de la barbarie, no nos ha dejado otra alternativa”, dice.
Pep Grau confía en que “la Justicia ponga freno a la vulneración legal que ha cometido el PP” y las obras sean paralizadas de inmediato. “Desde el PSPV hemos cumplido con responsabilidad y hemos intentado que prosperaran la razón y la concordia, pero Fabra y Camps se han empeñado en llevarnos a la ruina económica, a la ruina moral y a la ruina cultural”, señala.
La denuncia presentada por el grupo socialista atribuye a la Conselleria de Infraestructuras un posible delito contra el patrimonio cultural y otro de prevaricación. Según se detalla en el escrito de denuncia, este departamento autonómico ha iniciado las obras sin esperar a la redacción y aprobación del plan especial de protección al que obliga la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, por realizarse en un BIC. Tampoco se han realizado las excavaciones arqueológicas en el Fuerte de la Libertad y en un refugio de la guerra civil, tal como exigía la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat.
El Ayuntamiento de Castellón sería penalmente responsable, en la persona de su alcalde, Alberto Fabra, de los mismos supuestos delitos. En ese caso, se resalta que se habría omitido la obligación de defensa de los bienes de propiedad municipal, tal y como marca el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En última instancia, se señala a la Conselleria de Cultura como responsable de un delito de prevaricación y contra el patrimonio por omitir la obligación de paralizar las obras, como establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. La denuncia también recuerda que Cultura impuso diez “condiciones indispensables” para autorizar el proyecto a Infraestructuras, pero ninguna de ellas se ha ejecutado.
