La UJI rechaza el decreto de modificación de los estudios universitarios y pide su derogación

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I de Castelló, reunido en sesión extraordinaria de urgencia, manifiesta su desacuerdo con el Real decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el cual se modifica la estructura de los estudios universitarios y su proceso de tramitación y aprobación, y pide su derogación. El Consejo de Gobierno recuerda que tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), como el Consejo de Estado, los sindicatos de trabajadores universitarios y el estudiantado se han manifestado en contra de la aprobación de este Real decreto y que estas opiniones no han sido escuchadas ni tenidas en cuenta.

Las actuales titulaciones de grado empezaron a implantarse el curso 2009/10 y algunos grados empezaron su primer curso en 2012/13. Según el RD 1393/2007, de 29 de octubre, los planes de estudio de estas titulaciones tienen que pasar ahora una evaluación que dará información sobre los resultados de la aplicación de esta estructura de enseñanzas. Consideramos, por lo tanto, como la CRUE, que es una falta de responsabilidad acometer un nuevo cambio de modelo sin valorar el anterior; porque este RD no nace de una reflexión académica cuidadosa, sino que se pretende justificar en gran parte por un supuesto ahorro económico que se hubiera obtenido –y en mayor cuantía- no incrementando las tasas de matrícula.

La aprobación de este Real decreto puede suponer una heterogeneidad en la duración -y consiguientemente en el gasto económico- del mismo título en las universidades del Estado español, creando un desequilibrio en el sistema y mucha incertidumbre respecto a la calidad de los estudios para el estudiantado y para los futuros empleadores.

Por otro lado, este Real decreto pone en peligro la financiación –ya deficiente- de las universidades públicas porque, al reducirse la duración de los estudios de grado en que se basa la subvención pública actual, se producirá también una reducción importante de los ingresos de las universidades y, por lo tanto, una mengua en la calidad de su oferta académica.

Por todas estas razones, el Consejo de Gobierno de la UJI manifiesta su desacuerdo con el Real decreto y pide su derogación, al tiempo que ofrece su disposición para continuar trabajando para mejorar el sistema universitario español de la manera más consensuada posible.