Puerta afirma que “Castellón tiene un alcalde que puede ser condenado a 8 años de cárcel”

La secretaria del grupo socialista de Castellón, Patricia Puerta, afirma que “Castellón tiene un alcalde que puede ser condenado a ocho años de cárcel”. Alfonso Bataller está imputado en la trama de adjudicación de contratos a la trama corrupta Gürtel durante su actividad como subsecretario de Sanidad. El juez que investiga el caso ha concretado ya las repercusiones penales que pueden tener los implicados en este caso, que pueden llegar hasta penas de prisión de ocho años.

“Bataller sigue en el punto de mira de la Justicia. En todos los meses que han transcurrido el alcalde no ha conseguido aclarar sus relaciones con el Bigotes. Las sospechas que se cernían sobre él por supuestas prácticas corruptas son las mismas. Castellón tiene un alcalde bajo sospecha de graves delitos”, afirma Puerta. “Es lamentable que la única responsabilidad política asumidas haya sido la de renunciar a la presidencia local del Partido Popular”.

El juez instructor considera que los contratos, que fueron troceados para poder concedérselos a dedo a la red corrupta, presentan indicios “no solamente de tráfico de influencias, sino también y en su caso de un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial”.

Bataller adjudicó cuatro contratos para la realización del acto de los Premios Salud y Sociedad 2007, dose de ellos a Orange Market: uno, para contratar a la presentadora del acto (1.160 euros) y otro para el montaje y desmontaje de la escenografía (9.900 euros); mientras que las azafatas, producción y personal auxiliar (10.230 euros) fueron contratados a Servimadrid, y la instalación de moquetas e instalaciones eléctricas (8.900 euros) se adjudicaron a la firma Diseño Asimétrico.

El último auto del juez señala que “puede inferirse la existencia de presuntas anomalías reiteradas y relevantes en el procedimiento de contratación realizado con Orange Market relativas a la selección de las empresas, a las ofertas realizadas y a su debido registro, a la inexistencia de actas de apertura de las ofertas, a su publicidad y transparencia, a la inexistencia del pliego de cláusulas administrativas, inespecificación en el informe técnico de los criterios de adjudicación y falta de experiencia profesional de la adjudicataria”.