Marco insta a Ayuntamiento y Consell a aclarar el reparto de la herencia Martell para beneficiar a las ONG de Castellón

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, insta al Ayuntamiento y a la Generalitat a dar cuenta de la situación en que se encuentra el procedimiento administrativo para el reparto de la herencia de una labradora de Castellón que falleció sin testar y sin parientes. Los bienes de Josefa Martell Farcha siguen sin repartirse entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat desde que la anciana falleciera en 1988. El volumen de la herencia se estima en decenas de millones de euros.

“El Partido Popular ha sembrado la confusión en la gestión de la herencia y seguimos sin saber dónde ha ido a parar tanto dinero”, indica. “En estos momentos de crisis, las ONG de Castellón tendrían una ayuda extraordinaria para la puesta en marcha de sus importantes proyectos sociales”, añade Marco, quien censura el “ocultismo” de las dos administraciones públicas en este asunto desde hace más de 20 años.

El Tribunal Supremo sentenció en 2002 que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna de Josefa Martell, pero “nunca ha habido voluntad política de clarificar qué ha pasado con la herencia”. Marco urge al alcalde y al presidente de la Generalitat a que aclaren el volumen de la herencia y la situación legal de los bienes.

En los últimos años, desde la oposición socialista en el Ayuntamiento y en las Corts Valencianes se ha podido conocer la existencia de transacciones inmobiliarias y ventas que se cerraron obviando el procedimiento de subasta pública y antes del reparto legal de la herencia. “Castellón está perdiendo una inyección de dinero extraordinaria en un momento de crisis y de necesidad social como el actual”, indica.

La herencia de la millonaria castellonense debía haberse distribuido entre el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana. La Ley exige que una comisión tripartita distribuya la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Consell retrasa la distribución y el Ayuntamiento no ha presentado reclamación alguna al respecto, a pesar de que fue el propio consistorio el que interpuso el recurso contra la Generalitat, cuando la gobernaba el socialista Joan Lerma.