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El PSPV censura la tolerancia del PP con la represión estudiantil en Valencia

  • El equipo de gobierno veta una declaración institucional del grupo socialista

El grupo municipal socialista de Castellón ha expresado su “decepción democrática” por el rechazo del equipo de gobierno del Partido Popular a una declaración institucional por la vía de urgencia para condenar y rechazar la actuación de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, en la represión policial contra los estudiantes que se manifiestan contra los recortes en educación en Valencia. Los socialistas reclamaban la dimisión o el cese inmediato de ambos en sus cargos.

“Ante una situación de violencia tan deleznable como la vivida estos días, no se puede mirar hacia otro lado”, afirma el secretario general del PSPV de Castellón y portavoz adjunto del grupo municipal, Pep Grau. “La tolerancia con los responsables que no han sabido responder ante el derecho ciudadano a la protesta democrática es inaceptable. Estos episodios de violencia deben ser repudiados y los responsables de este espectáculo bochornoso deben quedar apartados, por dignidad, de la vida pública”, apunta.

“La actuación de la delegada del Gobierno fue desproporcionada y no debe quedar impune. Paula Sánchez de León no está capacitada para dirigir el funcionamiento de los cuerpos de seguridad estatales en la Comunitat Valenciana. Si el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, cree que no hay que exigir responsabilidades políticas, tenemos un gran problema en Castellón”.

Los socialistas de Castellón destacaban en la declaración institucional vetada por el PP que “la represión policial ha sido contestada por toda la ciudadanía con más compromiso, más libertad y más solidaridad con nuestros estudiantes y con el futuro de la educación pública”, pero exigían que se asumieran las responsabilidades políticas por lo sucedido. “La imagen que se ha trasladado al mundo ha sido lamentable, como lamentable es el deterioro de los servicios públicos que está perpetrando el PP”.

La iniciativa socialista culpabilizaba, además, a la consellera de Educación, María José Catalá, de la “situación insostenible que vive la educación pública”. El PSPV pretendía que el acuerdo del pleno municipal de rechazo de la represión policial sea trasladado a la dirección del IES Lluís Vives de Valencia, a la Federación de Estudiantes de la Comunidad Valenciana, a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Corts Valencianas y de las Cortes Españolas, así como al presidente del Gobierno de España.

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