El PP insta al Gobierno Central a autorizar la transferencia de agua necesaria para el desarrollo sostenible de las actividades económicas de la provincia

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón presentará en el próximo pleno una Declaración Institucional con el fin de instar al Gobierno de la Nación a que autorice de manera inmediata, por una cuestión de Justicia, la transferencia hídrica de 90 hectómetros cúbicos de agua anuales, necesarios para el desarrollo sostenible de las actividades económicas de la provincia de Castellón, teniendo en consideración que esta petición no supone una merma en los caudales que garantizan el riego y la continuidad del Delta, si no que se corresponde al 15% de los excedentes vertidos al mar, así como la constitución de un Consorcio de Aguas.

Así lo ha confirmado hoy el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, quien ha detallado que el texto también recoge dar traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno de la Nación, así como al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La Diputación Provincial de Castellón, en sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 8 de abril de 2005, adoptó, solicitar al Gobierno de la Nación la autorización de la transferencia a la provincia de Castellón de 90 hectómetros cúbicos de agua al año, así como la autorización para la constitución de un Consorcio de Aguas de la provincia de Castellón, ha dicho Mulet.

El indicado acuerdo fue remitido al Palacio de la Moncloa, y al no haber recibido respuesta alguna, el 7 de agosto de 2006 se reiteró al Ministerio de Medio Ambiente la voluntad de la Diputación Provincial de Castellón.

Con fecha 9 de marzo de 2007 la Diputación Provincial de Castellón, a través de su Presidente, dirigió, escrito a la Ministra de Medio Ambiente, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basaba para reclamar la transferencia a la Provincia, formulaba también requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, según establece el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El pasado 22 de junio la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, determinando que el silencio administrativo de la Administración Central sobre la reclamación formulada por la Diputación Provincial de Castellón no es ajustada a derecho, porque, conforme a lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

La propia sentencia reconoce que el Capítulo III del Título Primero de la Ley 10/2001, de 5 de julio, modificada por Ley 11/2005, de 22 de junio, con las condiciones y cautelas debidas, contempla la posibilidad de transferencias hídricas entre ámbitos territoriales de distintas cuencas, por lo que ordena a la Administración Central, competente para ello, a que dé una respuesta expresa a lo pedido desde abril de 2005 por la Diputación Provincial de Castellón al Gobierno de la Nación.

“Existe un trato desigual a la hora de conceder trasvases por el Gobierno de la Nación, debiendo ser similar ante iguales situaciones fácticas (pertenencia al ámbito territorial de la misma cuenca), así ha permitido la puesta en marcha del canal Segarra-Garrigues para regar desde el Segre (afluente del Ebro) 70.000 hectáreas de terreno en Cataluña”, ha denunciado Mulet.

La posibilidad de que exista agua para hacer trasvases en Cataluña, “debería servir del mismo modo en la provincia de Castellón también, máxime tendiendo en cuenta que parte de la provincia se encuentra en la cuenca hidrográfica del Ebro, aportando 32,54 hm3, en la que todos los años se dejan de utilizar 600 Hm3 de agua de la concesión de los regantes del Delta del Ebro, y en base a ello pedimos el 15% de ese sobrante, que son los 90 Hm3 que hacen falta a nuestra provincia, siendo excedentes que se pueden tomar en épocas de máxima aportación del río y que no interfieren para nada en las necesidades de los actuales usuarios”.

La negativa vulnera los objetivos de equilibrio y armonización del territorio, así como la vertebración del mismo y el principio de solidaridad e igualdad, ambos recogidos en nuestra Constitución, ha manifestado el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Castellón.

“Nuestra provincia es sufragánea del Ebro a través del río Bergantes que nace aquí y desagua en el Ebro, por lo que debe ser tratada por igual, aplicándosele los mismos derechos y obligaciones que tienen el resto de provincias en España. Por ello no vamos a renunciar a los derechos que son inherentes a ella, como es “el derecho al Agua”, ha finalizado el portavoz del PP.