Calles pide al PP que retire la moción del canon digital si no ofrece una alternativa para compensar a los autores y artistas de castellón
El líder socialista recuerda que el canon sobre CD y DVD se aplica desde 2003, con el Gobierno del PP, y que Rajoy votó en 2006 a favor de ampliarlo a otros soportes
El portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, solicita al equipo de gobierno la retirada de la declaración institucional anunciada por el PP en la que se reclama la eliminación del canon digital. “El alcalde ha de explicar a los creadores de Castellón cómo piensa resarcirles de la eliminación de esta tasa, que compensa a los autores, editores, productores y artistas por los derechos de autor de las copias privadas que se hacen de sus trabajos”, explica.
Calles afirma que “no es de recibo que sea, precisamente, un gobierno municipal como el de Castellón que ha subido la presión fiscal hasta un 15% en algunas tasas e impuestos municipales el que salga ahora a dar lecciones de comportamiento ético con la fiscalidad”.
Según el dirigente socialista, la incidencia del canon digital en Castellón es “mínima” en comparación con el volumen de ingresos fiscales del Ayuntamiento. Según fuentes del equipo de gobierno, la aplicación del canon digital costará 6.000 euros al año al Ayuntamiento en 2008, “cuando el PP aumentará la recaudación por impuestos en 8 millones de euros en el mismo periodo”.
Calles recuerda que el canon digital se empezó a aplicar sobre los CD y DVD vírgenes en septiembre de 2003, con el Gobierno de José María Aznar, tras un acuerdo general con las entidades de gestión de derechos de autor. Todo ello como consecuencia de una directiva europea, la 2001/29, que armonizaba los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información.
Esta directiva originó la última reforma de la ley española sobre propiedad intelectual, mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio, aprobada por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, salvo las abstenciones del Grupo Vasco y el de Esquerra Republicana de Catalunya.
La directiva establece que los Estados miembros pueden optar por recoger límites al derecho de reproducción, o no, en sus legislaciones nacionales. Si optan por recoger este límite, como ha hecho España, la directiva obliga a reconocer una compensación en favor de los creadores. Si el Gobierno hubiera decidido no establecer límites a la reproducción, como han optado cinco países europeos, se hubiera prohibido directamente la posibilidad de hacer copias privadas.
