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Mario Edo pide que el Consell Social de la Ciutat informe de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana

  • El portavoz adjunto socialista censura el boicot del PP a la participación ciudadana

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mario Edo, considera que el Consell Social de la Ciutat debe informar de la propuesta de modificación número 11 del Plan General de Ordenación Urbana que el equipo de gobierno llevará al pleno. “El Partido Popular desconfía de la participación ciudadana y gobierna al ritmo de intereses particulares, por eso todas las políticas urbanísticas de Castellón han fracasado en los últimos cuatro años”, destaca.

El artículo 5 del reglamento orgánico que rige el funcionamiento del Consell Social señala que entre las funciones del organismo estará la de “emitir informe sobre el PGOU de Castellón con ocasión de su revisión o modificación sustancial”. Además, se dice que emitirá “informes, estudios y propuestas en materia de planificación estratégica de la ciudad, grandes proyectos urbanos y de desarrollo social, cultural, económico y ambiental de Castellón”.

Edo considera que las modificaciones que el PP planificó en Censal y que ahora vuelve a modificar suponen “una alteración urbanística de suficiente entidad para que se pronuncie el Consell Social de la Ciutat”. En un principio, el PP pretendía obtener suelo para cinco grandes zonas verdes, pero “el proyecto resultó inviable y ahora el equipo de gobierno ha tenido que cambiar sus pretensiones iniciales y sólo propicia la creación del parque de San José”.

En ese sentido, recrimina al PP la “falta de criterio” de la Concejalía de Urbanismo. “Mientras el vicealcalde se pasea por la provincia con el coche oficial municipal para promocionarse como nuevo líder del fabrismo, el urbanismo local está patas arriba, sin dirección y sometido a los intereses especulativos de unos poco y no al interés general de la mayoría”, añade.

El portavoz adjunto del PSPV recuerda que el déficit de participación ciudadana fue la razón a la que se acogió el Tribunal Supremo para anular el PGOU de 2000, que “llevó al Ayuntamiento a una situación de parálisis urbanística que acentuó el impacto negativo de la crisis en el sector inmobiliario”. En ese sentido, insta al PP a “democratizar la gestión urbanística para evitar que sean los tribunales los que acaben gobernando la ciudad a golpe de sentencias”.

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