Marco pide un informe del Consejo Social de la Ciudad para evaluar el proceso de revisión del Plan General de Castellón

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, solicita al Consejo Social de la Ciudad que emita un informe para evaluar el proceso de adaptación a la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana. Marco recuerda que el máximo órgano de participación ciudadana de Castellón tiene la obligación de expresar su punto de vista ante una revisión o modificación sustancial del PGOU, según se establece en el reglamento del Consejo.

“La ciudadanía tiene que estar presente al máximo en el proceso de exposición al público del nuevo PGOU. Las sentencias judiciales de 2008 y 2012 han dejado en evidencia que el equipo de gobierno quiso saltarse el proceso de participación, con lo que conculcó los derechos de los castellonenses a opinar sobre el desarrollo del urbanismo de la capital. Para compensar ese talante tan sectario, el PP debería primar ahora la comunicación y el diálogo con los vecinos en este proceso”, añade.

El artículo 5 del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad establece que entre las funciones del ente estará “emitir un informe sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón con objeto de su revisión o modificación sustancial”. Marco asegura que el proceso de exposición al público supone, de hecho, una revisión total del planeamiento, dado que deberá aplicarse nueva legislación y es posible que se alteren algunos aspectos del PGOU.

La portavoz del PSPV ha mostrado su “extrañeza” por el anuncio del alcalde de mantener mañana viernes una reunión con responsables técnicos de la Generalitat para iniciar el proceso de modificación del Plan General. “No esperábamos que tuviera el detalle de informar a los grupos de la oposición sobre lo que piensa hacer el PP en un asunto central de la política municipal, como sería deseable, pero debe saber que el Consejo Social de la Ciudad debe emitir un dictamen preceptivo sobre el procedimiento administrativo”, dice.

Marco considera que “Bataller no ha tenido más remedio que dar su brazo a torcer” en la polémica por la anulación del PGOU. “La posición de enrocamiento político que mantenía el PP estaba abocada a desmoronarse como un castillo de naipes. Una administración pública no puede eludir el cumplimiento de la legalidad y de las disposiciones judiciales, como pretendía hacer el equipo de gobierno popular de forma absurda”, indica.

El grupo socialista lleva semanas intentando que el PP acatara de forma inmediata la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan General de Ordenación. Una providencia de otra instancia judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, informaba el miércoles al Ayuntamiento de la obligatoriedad de ejecutar la sentencia en un plazo de dos meses. El PP era remiso a acatar el fallo, tal como expuso el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, en la comparecencia plenaria del día 24, solicitada por el PSPV.

“La Justicia ha puesto en evidencia dos veces la gestión urbanística lamentable del PP en Castellón. Hace cuatro años dijo que el PGOU se había tramitado de forma irregular, por lo que era nulo de pleno derecho. Ahora, nos dice que la segunda exposición al público del Plan General fue un paripé, como ya advirtió el PSPV. Esperamos que el equipo de gobierno actúe con menos prepotencia y deje de boicotear el desarrollo de Castellón”, concluye.