Marco aboga por eliminar las trabas que el Gobierno del PP impuso a los ayuntamientos
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, considera que los cambios anunciados por el Gobierno central en las competencias municipales, tras los recortes de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, permitirán a los ayuntamientos mejorar la atención a la ciudadanÃa. “Los Gobiernos municipales hemos demostrado solvencia y capacidad de gestión para solucionar los problemas de la ciudadanÃa y no podemos ser castigados por ser eficaces y mejorar la atención y los servicios públicos esencialesâ€, dice.
La ministra de PolÃtica Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado la elaboración y presentación de una ley de medidas urgentes para devolver a los ayuntamientos las competencias que les fueron recortadas durante la crisis con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013. Batet considera "desproporcionado" el "ataque" que sufrieron los ayuntamientos por parte del Gobierno del PP durante la crisis.
Marco considera que la reforma local del anterior Gobierno redujo de forma notoria el ámbito de autonomÃa de los municipios y asfixió su capacidad económico y presupuestaria para abordar servicios y proyectos públicos. “El Ayuntamiento de Castellón ha demostrado que cumple con el control presupuestario y el ajuste de la deuda, por lo que puede asumir proyectos relacionados con la calidad de vida ciudadanaâ€, ha apuntado.
La alcaldesa de Castellón comparte el criterio de la ministra, en el sentido de que “es preciso impulsar una reforma en profundidad de la administración localâ€, aunque la falta de una mayorÃa parlamentaria puede frustrar el cambio legislativo. Mientras tanto, considera que el Gobierno debe plantear medidas urgentes para recuperar competencias y permitir que los municipios con superávit presupuestario puedan dedicarlo no sólo a gastos de inversión, sino también a la mejora de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Castellón cerró el ejercicio de 2017 con un superávit de 17 millones de euros. Sin embargo, las restricciones establecidas por el Gobierno del PP han limitado la capacidad de gestión municipal y sólo han permitido derivar una parte a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, mientras que otra parte del remanente ha sido destinado obligatoriamente a la amortización de la deuda municipal, que en los últimos tres años ha bajado del 80 al 29% sobre los ingresos corrientes.