Jorge Cabré: “La excelente labor de los centros de reinserción brinda a los jóvenes formación laboral y psicosocial para su integración”
Menores del centro Pi Gros de Castellón han elaborado un mural en trencadís para la Ciudad de la Justicia
El Pi Gros de Castellón es el primer centro de reeducación de España que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2000
Más de 600 menores infractores han cumplido penas judiciales en los centros de reinserción de la Generalitat durante el primer semestre de 2011
En este sentido, el conseller ha insistido en que “el principal cometido de los centros de reinserción de la Generalitat es evitar la exclusión de estos jóvenes y lograr su integración en la sociedad para conseguir una segunda oportunidad, por lo que se les motiva a superar sus dificultades y a desarrollar sus cualidades personales”.
“En los últimos cuatro años, el Consell ha destinado más de 104 millones de euros a la reinserción de los menores, ya que somos conscientes de la importante función que para estos jóvenes, para sus familias y para la sociedad en general desempeñan estos complejos reeducativos”, ha indicado Jorge Cabré.
El titular de Justicia y Bienestar Social ha hecho estas declaraciones en el acto de descubrimiento de un mural elaborado en trencadís por menores del centro de reeducación Pi Gros que se ha instalado en el hall de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
El conseller ha aprovechado la ocasión para agradecer a la Fundación Diagrama de Intervención Psicosocial “los diez años de gestión al frente del centro Pi Gros, el primer centro de reeducación español que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2000, lo que nos da una idea de la alta cualificación y profesionalidad del equipo multidisciplinar que trabaja en los centros de la Generalitat”.
Además, Cabré ha tenido palabras de felicitación para todos los jóvenes que han participado en la elaboración de este cuadro dedicado a la Justicia “por su magnífico trabajo”.
Impulso a la inserción laboral
Los siete centros de reeducación que gestiona la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana han atendido en el primer semestre del año a un total de 618 menores infractores, 528 chicos y 90 chicas, con una edad media de 17 años.
Por provincias, un total de 329 jóvenes cumplieron las medidas judiciales en alguno de los cuatro centros de la provincia de Valencia, 212 en los dos de Alicante y 77 en el Pi Gros de Castellón.
En los centros es prioritario que los jóvenes continúen sus estudios básicos y obtengan formación laboral que les sirva para su futuro en alguno de los talleres que se organizan.
De hecho, en el caso del mural inaugurado hoy en Castellón, que tiene unas dimensiones de 3,6 x 2,4 metros, han participado alumnos del taller de revestimiento decorativo, de carpintería, que han elaborado el marco, y del curso de embellecedores y soldadura que se han encargado del soporte metálico.
Durante los primeros seis meses del año, más de 40 jóvenes de los centros de reeducación han seguido algún programa de inserción laboral: 13 han conseguido un contrato de trabajo, 27 han realizado prácticas formativas y un joven está participando en un programa de búsqueda activa de empleo.
Los talleres formativos impartidos en los centros han registrado un total de 1.116 asistencias, mientras que otros 428 adolescentes han participado en talleres prelaborales. Además, 299 menores han recibido clases de Enseñanza Secundaria Obligatoria, otros nueve han seguido ciclos formativos de grado Medio o Superior y 159 han participado en algún programa de Cualificación Profesional Inicial.
Perfil de los menores atendidos
En cuanto al lugar de procedencia, la mayor parte de los menores que han cumplido las medidas judiciales en uno de los centros de la Generalitat vive en la Comunitat (199 en la provincia de Alicante, 74 en la de Castellón y 338 en la de Valencia). Los siete restantes son de otras comunidades autónomas (dos de Ávila y el resto de Madrid, Asturias, Melilla, Murcia y Cataluña).
Respecto a la nacionalidad, el 30% de los jóvenes era de origen extranjero, de los cuales 44 procedían de Marruecos, 30 de Rumanía, 28 de Ecuador, 28 de Colombia, 10 de Argelia y el resto de otros países.
En relación a los delitos que motivaron la adopción de las medidas ejecutadas, el 28% de los menores incurrió en robo con violencia y/o intimidación y el 15% en robo con fuerza; el 21,5% protagonizó algún episodio de maltrato familiar o violencia doméstica y el 4% fue internado por delitos contra la libertad sexual.
En menor medida, los delitos estaban relacionados con lesiones (6,4%), hurto (3%), atentado contra la autoridad (3%), amenazas y coacciones (2,8%), robo de vehículo a motor (2%) o delitos contra la seguridad del tráfico (1,9%), entre otros.
Por último, y en referencia a las medidas firmes ejecutadas, la mayoría fueron internamientos en régimen semiabierto (48%). Los jueces dictaron 64 órdenes de realización de tareas socioeducativas, lo que supuso el 11% del total de las medidas judiciales impuestas, 54 prestaciones en beneficio de la comunidad (9,2%) y 55 convivencias con otra persona, familia o grupo educativo. El internamiento en régimen cerrado solamente se dictaminó en el 7,2% de los casos.
