España Suma denuncia que la Marjalería de Castellón paga el IBI de urbano con servicios de rústico
La formación política España Suma ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón "no escuchan a los ciudadanos de la Marjalería". Así, en su escrito han señalado que "nos consta que los vecinos se han reunido con el equipo de gobierno, pero que lejos de escucharles y de atender sus propuestas y necesidades, han optado como ya es costumbre, que en cuanto ostentan el poder, ignoran lo que los ciudadanos realmente necesitan".
De esta manera, desde España Suma se suman a las reivindicaciones dels marjalers y "nos comprometemos en la resolución de sus problemas". Y para ello se ofrecen para colaborar con las tres asociaciones de la Marjalaría "aportando propuestas y caminar junto a ellas en los procesos y procedimientos que se establezcan para cubrir sus necesidades".
Esta formación política califica de "sangrante e injusto" que los vecinos de la Marjalería paguen el recibo de IBI Urbano pero "en el mejor de los casos, reciben servicios de rústico, pues muchas de esas propiedades pagan recibo de IBI por servicios urbanos que no reciben".
Desde España Suma Castellón consideran que se debería elaborar un plan de actuaciones "distribuido en el tiempo que permitiera dar la respuesta deseada y más adecuada, dejando atrás las actuaciones estériles del pasado que han venido mostrando los distintos gobiernos municipales". Por lo que dan su apoyo als marjalers y "nos comprometemos a mantener encuentros periódicos con el fin de escuchar sus vivencias, problemas, medidas a tomar y aportar nuestra visión y propuestas a sus reivindicaciones, en la medida que vayamos caminando en la búsqueda de soluciones, que satisfagan a los vecinos y no contradigan las ordenanzas vigentes, y que sean efectivas, prácticas y útiles, siempre que cuenten con la aceptación y el apoyo de las asociaciones de la Marjalería".
Antecedentes
Desde España Suma han recordado que el problema de los asentamientos alegales proviene de construcciones de alquerías o casetas de aperos ampliadas y mejoradas para pasar los veranos, situadas junto a los caminos rurales y acequias de la Plana, el Serradal y l’Obra. A principios de los años 50 podría haber del orden de 500 edificaciones. En el año 2000 se aprobó un plan general de ordenación urbana del PP, que fue anulado por la Justicia, y que pretendía no solo legalizar las casas construidas, dotándolas de abastecimiento de agua potable y luz, sino también ordenaba el suelo urbanizable, asfaltando y alumbrando los caminos que surca una maraña de acequias. En esta época las edificaciones construidas pasaban de las 4000 viviendas unifamiliares, ubicadas en más de 150 calles, cuyos nombres no tienen reconocimiento oficial, lo que dificulta el reparto del correo o el aviso de urgencias. Los vecinos vienen reivindicando que los nombres de los viales sean introducidos en los archivos pertinentes para que se pueden localizar las viviendas; además, piden que el Ayuntamiento coloque los carteles que las identifiquen.
Con la llegada del PSOE al gobierno del Ayuntamiento se desestimó el plan del PP y se tomó el camino de impulsar un PG a través de medidas acordes a las nuevas normativas de carácter medioambiental y urbanístico y con el compromiso de legalizar las construcciones anteriores al 20 de agosto de 2014, pero no autorizar más construcciones en el marjal.
El diez de junio de 2021, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la GV advierte al Ayuntamiento de Castellón que no habrá Plan General de Castelló si no resuelven los vertidos en la Marjaleria, condición necesaria para avalar definitivamente el Plan General (PG), que en la actualidad se encuentra en la fase de resolución de alegaciones de los dos documentos que lo integran: la pieza Estructural y la parte Pormenorizada.
Los vecinos de la Marjalería enumeran constantemente sus problemas como la señalización de sus calles en el callejero municipal, carencia de alcantarillado en muchas zonas, ídem para el alumbrado eléctrico e incluso del servicio de recogida de basuras y residuos (que se establece en puntos de la periferia). Otras demandas que ponen sobre el tapete están centran en la necesidad de contar con el transporte público, de reparar y reacondicionar caminos y acequias se deterioran con el paso del tiempo y nadie asume la gestión de repararlas. Hay problemas de convivencia por falta de seguridad, se producen asaltos y atracos. Y resulta casi imposible de controlar la aparición de vertederos incontrolados de residuos.
