España: “La Constitución ampara la libertad educativa, instaremos al Pleno a rechazar las declaraciones de la ministra Celaá para que no haya ninguna duda”

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, María España, recuerda que la libertad educativa es un derecho que recoge la Constitución Española en su artículo 27º <<Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza>>. Para la edil popular “los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza su derecho a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos”. En este sentido, los populares han presentado una iniciativa plenaria -en forma de Declaración Institucional-, en respuesta a las polémicas declaraciones de la ministra de educación, la socialista Isabel Celaá, que negó que dicho derecho estuviera amparado por la Constitución.

Para el Grupo Municipal Popular el derecho constitucional de las familias para elegir el modelo educativo no puede entrañar ninguna duda, por eso “pretendemos instar desde el Ayuntamiento al Ministerio de Educación a respetar y a defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal constitucional en relación al artículo 27, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos”, señala España.

Del mismo modo, la iniciativa registrada por el PP incluye la defensa de la red de centros concertados como garantes de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional y, por tanto, de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho.

“Nos preocupa que pueda imponerse un modelo único que suponga el fin de la libertad educativa que desde el Partido Popular siempre hemos defendido. Cabe recordar que en materia educativa la Generalitat Valenciana, con Puig y Oltra al frente, ha acumulado hasta 40 sentencias en contra por sectarismo, en solo cuatro años, y ha intentado dividir a la sociedad con el uso de la lengua valenciana, algo que nos une y que nos identifica”, recuerda la edila.

Para María España, en algo tan particular e íntimo de cada familia como es escoger el modelo educativo para sus hijos, “no caben las imposiciones de la izquierda que con declaraciones como las de la ministra Celaá, sólo tratan de recortar derechos restringiendo la libertad de los padres, abocándonos a un retroceso en los derechos adquiridos nada deseable”.

Asimismo, las recientes manifestaciones de la ministra de Educación, que a pesar de la abundante normativa y  jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 26º.3 establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro.

Ignora también la ministra que el artículo 27º.3 de la Constitución Española establece con claridad que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Finalmente, al propuesta que los populares llevarán al pleno ordinario de noviembre también pretende promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir con total libertad.

Otro de los puntos pasa por garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las familias. También respetar y cumplir el  artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Y por último, el texto recoge la necesidad de abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE  como factor determinante por parte de las administraciones  a la hora de ofertar las plazas educativas.