Castellón impulsa la fiscalidad ambiental con una bonificación a vehículos menos contaminantes
La alcaldesa, Amparo Marco, destaca la voluntad de mejorar la calidad del aire
El Gobierno municipal de Castelló ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de VehÃculos de Tracción Mecánica para posibilitar bonificaciones del 75% de la cuota del Impuesto a los vehÃculos menos contaminantes dentro de la escala de âDistintivo Ambientalâ. Se trata de aquellos catalogados por la Dirección General de Tráfico con el adhesivo identificador de Cero Emisiones y con la etiqueta ambiental Eco.
Con esta iniciativa, la alcaldesa Amparo Marco ha indicado que âen la medida de las competencias municipales, desde el Ayuntamiento de Castellón queremos contribuir a la mejora de la calidad medioambiental, favoreciendo a los medios de transporte más sostenibles y menos contaminantesâ.
Para la selección de los vehÃculos beneficiarios, se toma como referencia la clasificación de distintivos ambientales establecida por la Dirección General de Tráfico dentro del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. De esta forma, se tendrán en cuenta los medios de transporte con etiqueta ambiental 0 azul y con etiqueta ambiental Eco.
Por un lado, el grupo que engloba la etiqueta azul son los vehÃculos eléctricos de baterÃa (BEV), vehÃculo eléctrico de autonomÃa extendida (REEV), vehÃculo eléctrico hÃbrido enchufable (PHEV) con una autonomÃa mÃnima de 40 kilómetros o vehÃculos de pila de combustible.
Por otro lado, aquellos que cuentan con la nomenclatura Eco son los vehÃculos hÃbridos enchufables con autonomÃa
Estas bonificaciones se enmarcan dentro de la nueva fiscalidad impulsada por el Gobierno municipal. En este sentido, Amparo Marco ha reiterado la voluntad del gobierno municipal de mantener para 2019 el modelo de fiscalidad municipal de manera que la carga económica para la ciudadanÃa se distribuya según criterios de justicia y progresividad fiscal. Desde el primer momento, recuerda, este ha sido el objetivo: pagar de acuerdo con la capacidad económica de las personas, dentro de la rigidez de las leyes estatales.
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