Carrasco: “Amparo Marco lleva gastados casi 2 millones en una sala de emergencias cuestionada judicialmente y que no funciona”
“Amparo Marco lleva gastados casi 2 millones de euros en una sala de emergencias cuestionada judicialmente y que no funciona”. En estos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, después de haber registrado junto al Grupo Ciudadanos del consistorio la petición formal de creación de una comisión no permanente de investigación con el fin de “conocer los detalles que tienen que ver con los contratos del montaje del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias, ubicado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán XIV, así como otros detalles de la gestión en esta área”.
“Todas las noticias que llegan son contradictorias. De un lado, el equipo de gobierno del PSOE afirmaba en el año 2017 contar con unas instalaciones de última generación que ya prestaban servicio a los castellonenses. Del otro, los agentes de la Policía Local vienen denunciando que el sistema de comunicaciones viene fallando continuamente, precisamente cuando más se necesita. Es decir, cada vez que, por ejemplo, se producen situaciones de inclemencias meteorológicas, como las ocurridas en octubre de 2018 o hace escasos días, a finales de este agosto de 2019”, ha añadido, “lo que obliga a los agentes a comunicarse por el sistema convencional de WhatsApp”.
Lo último conocido ha sido una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, “por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala”, añade Toledo, “y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones”.
“Son muchas cuestiones las que se plantean y están por clarificar. Es el caso del procedimiento extraordinario que se siguió para licitar el proyecto de la sala, externalizándolo a una tercera empresa, ajena al Ayuntamiento; o el rosario de recursos que se han ido sucediendo desde que arrancó esta idea por parte del gobierno del PSPV y Compromís en el año 2016”, señala la portavoz del PP, Begoña Carrasco.
“A esto se unen otras cuestiones también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. También queremos saber el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Eurocop Proxpol, de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación”, subraya.
“Comenzamos la nueva legislatura como se terminó la anterior, conociendo más y más problemas técnicos de la sala de emergencias y nuevas resoluciones judiciales que cuestionan el procedimiento administrativo seguido en el montaje de la sala de emergencias de Castellón. Es el momento de que el equipo de gobierno municipal aporte toda la documentación y dé las pertinentes explicaciones a los vecinos, porque tienen derecho a conocer en qué se ha gastado el dinero de sus impuestos y el resultado de los mismos”, declara Begoña Carrasco.
“Amparo Marco y el tripartito tienen una oportunidad de oro para demostrar que, como ella mismo prometió, el Ayuntamiento de Castellón era de cristal y transparente”, concluye, confiando en que se pueda constituir “a la mayor brevedad posible y con el apoyo generalizado de todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal de la capital de La Plana”.
