Calles dice que “el Tribunal Constitucional ha dejado en evidencia la mentira del PP”

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, afirma que “el Tribunal Constitucional ha dejado en evidencia las mentiras del Partido Popular sobre el Plan General de Ordenación Urbana”. El alto tribunal ha rechazado el recurso de amparo presentado por el equipo de gobierno para evitar el cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que anuló el PGOU. “Alberto Fabra no tenía la razón política y ahora, de nuevo, se queda sin la razón legal”, afirma Calles, quien insta al alcalde a asumir responsabilidades.

Además de rechazar la suspensión del fallto, como ha pretendido el PP durante seis meses, la decisión del Tribunal Constitucional tumba la tesis del Ayuntamiento de Castellón de que los magistrados del Supremo se excedieron en sus competencias al cuestionar la constitucionalidad de la Ley Reguladora de la Actividad Urbana, vigente en el momento de la aprobación del PGOU, que no obligaba a una segunda exposición pública del plan urbanístico.

“Todas las palabras del concejal de Urbanismo en las que jugaba con rocambolescos argumentos jurídicos para respaldar la insumisión judicial del PP se le han vuelto en contra y demuestran que Javier Moliner no está capacitado para gestionar un área tan relevante de la política municipal”, apunta Calles. “El coste económico que ha tenido la chulería política del PP es enorme. El daño que se ha hecho a Castellón no se puede cuantificar”.

“Sin embargo, lo peor de esta resolución es que ahora desde el PP se diga que el fallo del Constitucional era esperado”, dice Calles, “porque lo que se demuestra es que Fabra y Moliner eran plenamente conscientes de que su recurso sólo se presentaba para dilatar el procedimiento y buscar una salida política al laberinto en el que se habían metido”.

Calles también ha manifestado su sorpresa por las declaraciones del equipo de gobierno en las que se dice no compartir el fallo del Tribunal Constitucional. “Ahora resulta que tenemos unos gobernantes que no sólo son unos pésimos gestores urbanísticos, sino que se erigen en intérpretes de decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones judiciales”. “Como dice el chiste, saben más de leyes que la portera de Perry Mason”, ironiza.