7 de abril de 2020 7/4/20

Bengochea afirma que la nueva política universitaria tiene un impacto negativo en las familias

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    El Club de Debate de la Universitat Jaume I comenzó el año abordando las consecuencias de los recortes en el sistema público de universidades y la subida de tasas. A la mesa redonda, moderada por el director del diario Levante de Castelló, Pepe Beltrán, participaron Fernando M. Galán, miembro del Executive Committee of European Student’s Union (ESU); Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE); José Miguel Saval, director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia en la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación; Francesc Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria; y Aurelia Bengochea, vicerectora de Estudios y EEES de la UJI.

    Según Bengochea, la política universitaria actual está teniendo efectos más graves en las economías familiares más modestas. Por eso abogó por “respetar el principio de igualdad mediante la corrección de la política de becas” y la asunción del “riesgo de oportunidad” que implica la inversión pública en educación superior. En este sentido se pronunció también Francesc Michavila, quién criticó que la “inversión” en el sistema público de universidades sea considerada un “gasto”, cuando –tal y como señaló Francisco Pérez- la rentabilidad pública de los titulados universitarios con profesión se hace patente en el momento en que devuelven la misma mediante los impuestos sobre sus sueldos, que suelen más altos.

    Los ponentes de la mesa coincidieron en que, por tanto, la educación superior debe considerarse un bien público del cual se beneficia toda la sociedad y en que, tal como defendió Fernando Galán, “tiene que ser accesible a la mayoría de la población”. Un derecho que, dijo, se ha vulnerado con el incremento de las tasas universitarias, puesto que ha agravado los efectos de la crisis entre el estudiantado y sus familias a la hora de financiar servicios complementarios como la vivienda, la manutención o el transporte.

    Por su parte, José Miguel Saval opinó que “los estudios universitarios no tienen que ser necesariamente gratuitos, dado que tampoco son obligatorios” y confió en que la nueva política universitaria “mejorará la eficiencia del gasto público en las matrículas”. Una postura que fue criticada por Michavila, quién replicó que las universidades públicas ya son eficientes, cuando “la duración de los estudios del alumnado becado se sitúa dos años por debajo de la media de los no becados” y “dos tercios de la producción científica se llevan a cabo en las universidades”. Por eso, señaló, “hay que priorizar la inversión en educación” y aplicar los recortes a gastos superfluos que no han producido rentabilidad social ni económica sostenible en el País Valenciano.

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