La Fiscalía no ve "infracción penal alguna” y pide cerrar el proceso del PAI Sant Gregori contra la exalcaldesa de Burriana

La Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento provisional del proceso judicial contra la exalcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, y el entonces concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, por la denuncia del presunto cobro ilícito de las cuotas de urbanización del PAI Sant Gregori.

La fiscal considera que “no existen elementos de prueba suficientes para estimar cometida infracción penal alguna” en un caso en el que se incoaron una presunta prevaricación y falsedad documental en las certificaciones de la obra que se había ejecutado, una cuestión que denunciaron un grupo de propietarios de los terrenos, pagadores de dichas cuotas con las que se financiaba la obra de urbanización.

Hay que recordar que la jueza que dirige el proceso solicitó hace medio año un informe a la Universitat Politènica de València para que informara de cuestiones técnicas como los certificados de obra, en un informe que fue remitió a la Fiscalía, que ahora toma esta postura.

Así, tras estudiar toda la documentación y tomar declaración de los testigos e investigados, la Fiscalía declara que “no se desprende indicio racional de criminalidad”. De hecho, recuerda que el propio ingeniero municipal informó favorablemente al pago de las cuotas tras verificar que la obra certificada se correspondía con la realmente ejecutada. El informe pericial, incluso, ve inferior lo certificado a lo realizado, por lo que no ve falsedad documental alguna.

En cuanto al delito de prevaricación, también lo descarta, ya que asegura que la decisión de girar las cuotas se apoyaba en informes favorables, por lo que no ve la necesaria “arbitrariedad grosera” que exige este delito, sino que cree que la cuestión en todo caso sería del ámbito técnico, por lo que debería de dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la penal, lo que llevó a la investigación de los dos excargos socialistas.

Ante este cambio de la situación judicial, desde el PSOE se muestran satisfechos por este dictamen al tiempo que esperan que la jueza, siguiendo la postura tomada por la Fiscalía, opte también en la misma línea por el sobreseimiento del caso y el archivo de las actuaciones, poniendo fin a un largo calvario judicial iniciado con las imputaciones en mayo del año 2022.

También respecto a la situación judicial de los concejales del PSPV, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado que “sería una buena noticia para Burriana y para el futuro de Sant Gregori, aunque debemos ser prudentes y no hacer valoraciones hasta que no haya una decisión firme del juez”

Sant Gregori, un proyecto complicado

El secretario general de los socialistas burrianenses, Vicent Aparisi, explica que “nos encontramos este proyecto, que inició el Partido Popular encima de la mesa y lo tiramos hacia delante con mucho trabajo: intentamos nadar hacia delante para no ahogarnos”.

En cualquier caso, sí ve cierta “oscuridad” en la denuncia que inició todo el proceso y critica que el equipo de gobierno de PP y Vox invirtiese en 2024 una suma de 35.000 euros por un nuevo peritaje externo para estudiar la ejecución del PAI, lo que los socialistas consideran que no era necesario, por lo que argumentan que su contratación respondería “a una cuestión política”.

“Nosotros apostamos en seguir con Sant Gregori y la postura del Partido Popular de poner palos en las ruedas nos parece una barbaridad”, ha expresado Aparisi, quien ha lamentado “el desprestigio vertido contra la excalcaldesa Maria Josep Safont”.

Por su parte, fuentes del equipo de Gobierno municipal del PP, recuerdan lo que consideran “el escenario catastrófico que encontraron al inicio de legislatura, con una sentencia del TSJCV anulando todas las decisiones tomadas por el anterior gobierno socialista durante 8 años”.

“Tras tres años de Partido Popular al frente, hemos conseguido un escenario nuevo y un futuro esperanzado para los propietarios tras aprobar la liquidación y empezar a devolver las cuotas pagadas indebidamente”, argumentan estas mismas fuentes.

“Hoy, los propietarios de Sant Gregori están en una situación infinitamente mejor que cuando asumimos el gobierno, logrando evitar también una posible quiebra de las arcas municipales y permitiéndonos avanzar en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la Comunitat Valenciana”, expresan.