El conflicto por el coste del IES Jaume I de Burriana atrasa la salida de los barracones
La constructora alega que los precios han aumentado pero el ayuntamiento lo desmiente
Los alumnos del instituto Jaume I de Burriana tenían previsto dejar los barracones en los que ahora reciben clases para trasladarse al nuevo centro en el curso 2023-2024.
Y es que la idea inicial era que las obras concluyeran durante el verano de 2023, finiquitando así el uso de los barracones provisionales instalados desde enero de 2021 en los terrenos del antiguo IES Llombai.
Sin embargo, la ralentización que están viviendo las obras podría alargar esta situación otro curso más, ya que la empresa que lleva a cabo esta construcción, estaría ralentizando la ejecución por una disputa por los costes de la obra.
“Las obras están casi paradas, solo hay algunos operarios trabajando y hay un retraso grande, de siete meses”, lamenta el regidor de Educación, J.Ramón Monferrer.
Los barrracones en el camí Llombai
Así, solo se ha realizado la cimentación y la estructura, por lo que aún faltarían por edificar aproximadamente dos tercios de una obra que tendría que estar acabada en agosto de 2023 y que se construye con el pla Edificant, que delega las competencias autonómicas en los municipios.
2’6 millones de euros más
La constructora, Acciona, alega que el aumento de los precios por la guerra de Ucrania y algunas modificaciones imprevistas en el proyecto inicial han elevado el coste en 2’6 millones de euros, aunque, según se ha explicado desde el ayuntamiento a elperiodic.com, la empresa llegó a reclamar en reuniones previas una desviación de hasta 5 millones de euros.
Por todo ello, la constructora ha pedido al ayuntamiento una modificación del proyecto que contemple este aumento del precio y, posteriormente, la extinción del contrato, además de una suspensión temporal de las obras.
El Ayuntamiento, por su parte, desmiente estos aumentos de precio y desestimó todas las peticiones de la empresa en un pleno extraordinario convocado la pasada semana.
La empresa alega que estos 2’6 millones que reclaman suponen un aumento del 25% respecto al presupuesto original, de 10’2 millones de euros, lo que daría derecho a una modificación, según establece la Ley de Contratos, que establece el tope mínimo en un 20%.
Incorrecciones, partidas duplicadas y materiales innecesarios
Sin embargo, desde el ayuntamiento han desestimado las pretensiones de la empresa, al considerar que los cálculos de la compañía incurren en errores, inflan los costes de manera indebida, cuentan gastos en base a suposiciones e incluso contabilizan algunas de las partidas por duplicado, sumándose así dos veces los costes.
Entre los costes que apunta la empresa se encuentran cambios e imprevistos no contemplados, relacionados con la red de saneamiento, con la red eléctrica o con las distintas partes del edificio.
Sin embargo, el estudio del director facultativo de la obra contradice las pretensiones de la empresa, argumentando que se están pidiendo continuamente cambios de materiales o nuevos elementos que la dirección considera “totalmente innecesarios” y que pretenderían paralizar el ritmo de trabajo.
Sí reconocen desde el ayuntamiento algunas subidas de precio por la inflación, pero indican que la vía para que la empresa compense esta subida es el Real Decreto 3/2022, creado por el Gobierno específicamente para la revisión excepcional de precios. Un decreto que permite comparar los precios de 2022 con los de 2021.
Con esta vía, según explican desde el ayuntamiento, la empresa podría obtener una compensación y, de paso, recuperar el dinero “perdieron” al optar a la licitación con una oferta a la baja.
“Optaron con una baja del 5%, que no era una baja temeraria, por lo que no hubo problema para adjudicarlo, pero unos meses más tarde se dieron cuenta de que la obra les iba a costar más de lo que pensaban y no habían hecho bien sus cálculos”, explica Monferrer, que insiste en que “la empresa tiene un compromiso legal y si no lo cumple puede sufrir una penalización y perder la fianza que han depositado”.
El regidor argumenta que “queremos defender los intereses públicos y cumplir la ley, porque no es admisible legalmente esta modificación que reclaman”. En cualquier caso, indica que la voluntad es la de “solucionarlo lo más pronto posible, que no se paralice la obra y que los alumno puedan estrenar el instituto cuanto antes”.
La opción de buscar otra empresa para que siga con la obra queda descartada, según explica, ya que “se intentó con dos constructoras pero era inviable hacer una cesión amistosa”.
Ahora, el consistorio está a la espera de saber si la empresa presenta un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado, lo que eternizaría las obras y dificultaría la salida de los barracones provisionales.
