Archivada la causa por no pedir los 21 millones de euros a la urbanizadora de Golf Sant Gregori en Burriana
El Tribunal de Cuentas cree que no se pueden imponer penalidades al estar disuelto el contrato
El complejo entramado de causas por el Golf Sant Gregori de Buriana sigue desenmarañándose poco a poco, en una larga batalla jurídica que sigue esta semana con una decisión que ha tomado el Tribunal de Cuentas.
Y es que hay que recordar que el consistorio de la capital de la Plana Baixa fue citado el pasado 26 de marzo como perjudicado por el Tribunal de Cuentas en Madrid, ante ciertas irregularidades en materia urbanística, que presuntamente pudieran ser constitutivas de responsabilidad contable.
En concreto, se trataba de “la falta de reclamación de penalidades al agente urbanizador por un importe estimado de 21 millones de euros”, tal y como recogía la denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude por hechos acaecidos en el año 2019, pero el Ministerio Fiscal ha pedido la no incoación del juicio contable.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, el consistorio tenía la potestad de elegir entre dos vías de actuación frente a los incumplimientos del agente urbanizador de Sant Gregori: la resolución del contrato o la imposición de penalidades. Ante esta dualidad, el anterior equipo de Gobierno no optó por ninguna, pero la situación tomó un giro decisivo con la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Esta resolución judicial, ejecutada por el actual equipo de gobierno sin presentar recurso, resuelvía de facto el contrato con la empresa urbanizadora y, en consecuencia, la sentencia anula cualquier posibilidad de imponer penalidades, ya que la relación contractual ha sido disuelta por vía judicial.
Es importante destacar que, si bien la Agencia Valenciana Antifraude había señalado acertadamente que el anterior equipo de gobierno no había tomado ninguna decisión en 2019 respecto a resolver el contrato o aplicar penalidades, la sentencia del TSJCV subsana esta omisión de forma legal, culminando en la resolución contractual definitiva.
El futuro de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, con 2,5 millones de metros cuadrados de superficie en primera línea del litoral sigue sendos caminos paralelos, por un lado, dilucidar responsabilidades judiciales por la anterior gestión, y por otro, asegurar su supervivencia para dotar al municipio de una pieza clave en su impulso por un turismo sostenible y de calidad.
Tras recuperar los 9 millones de euros de los fondos públicos de las garantías y apremios, así como aprobar con el respaldo político de todos los grupos políticos la gestión directa del proyecto urbanístico, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha valorado la decisión del Tribunal de Cuentas, que “nos reafirma en una de las primeras decisiones que tomamos y que nos permite aunar esfuerzos en lo verdaderamente importante: sacar adelante el proyecto y ofrecer un futuro laboral y económico más favorable a las futuras generaciones”.
La gestión directa, aconsejada por el informe encargado por el Ayuntamiento de Burriana a una empresa experta en urbanismo y por los técnicos municipales es “la opción más viable para finalizar la urbanización, dar seguridad jurídica a los propietarios y recuperar la confianza de posibles inversores”, ha detallado el primer edil.
