El Pleno ratifica la denuncia sobre posibles irregularidades en la licitación y construcción del Palau dels Esports
La sesión plenaria del Ayuntamiento de Altea celebrada hoy en el Centro Social de Altea acordó, con los votos a favor de Compromis, PSOE, Altea amb Trellat, la abstención de Cipal y los votos en contra del PP, iniciar acciones legales para dirimir responsabilidades por las posibles irregularidades en la licitación y los sobrecostes del Palau dels Esports de Altea. Esta denuncia supone poner en manos de la fiscalía y de la Sindicatura de Cuentas todos los datos sobre la construcción del recinto deportivo, que fue inaugurado el 28 de febrero de 2007 en un tiempo récord.
Según la tesis defendida por el equipo de gobierno durante el debate en el plenario, la licitación, su adjudicación, construcción y sobrecoste final de la obra no son sino un cúmulo de despropósitos. Según el anteproyecto de la construcción de Palau, que fue aprobado por junta de gobierno en julio de 2006, el presupuesto de la obra era de 4.635.516,60 €, y cualquier oferta que se realizara en concurso público debería de haber asumido una oferta a la baja, o como máximo, igualar el presupuesto del anteproyecto inicial. No fue así, y la oferta presentada por la UTE SAV-Viala-Valfrica, adjudicataria final de las obras, ascendía a 5.196.975,95 €, por lo cual tendría que haber sido rechazada para vulnerar lo articulo 93.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Por si esto fuera poco, las obras de construcción del Palau dels Esports tuvieron un sobrecoste de 1.800.000 €, por diversas modificaciones que nunca fueron aclaradas ni justificadas. La reclamación de los intereses de demora con los que se encontró el actual equipo de gobierno nada más llegar al consistorio alteano, reclamados por la UTE que realizó las obras del Palau y valorados en 1.049.000 €, llevaron al actual equipo de gobierno a recabar información sobre el asunto que los había generado. El objetivo final de la denuncia, según el equipo de gobierno es saber con exactitud cómo justificó el sobrecoste de las obras, dónde fue el dinero invertido y si fue bien destinado. Si no es así, a tenor de la denuncia, la intención es depurar y conocer todas las consecuencias para restituir ese dinero para el patrimonio público.
Para el Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Altea, Pere Lloret, “esta es la historia de un proyecto, el del Palau dels Esports, que salió a licitación por 4,6 millones de Euros, que se adjudicó por un precio superior al licitado, de 5,3 millones de Euros y por el que se ha pagado de manera inexplicable un sobrecoste de 1,8 millones de Euros. Si vamos sumando, hemos pasado de los 4,6 millones iniciales de la licitación a 7,1 millones. Y, en el peor de los casos, puede acabar costando más de ocho millones de prosperar la reclamación de intereses de demora. Cuando estas cosas pasan, los cargos públicos tenemos una obligación ineludible: la de proteger los intereses de los ciudadanos y, en su caso, luchar por restituir los perjuicios sufridos”, concluyó el concejal de hacienda.
