Almassora acelera las obras de la Vila tras suspender las fiestas
Empresa y técnicos modifican el cronograma de trabajo
El Ayuntamiento de Almassora y la empresa que ejecuta las obras de peatonalización de la Vila han modificado el cronograma de trabajo ante la suspensión de las fiestas patronales de Santa Quitèria, que permitirá acelerar la obra y cambiar el orden previsto. De esta forma, la mercantil Grupo Ravi, adjudicataria del contrato, no se verá obligada a cubrir zanjas y actuar por tramos para permitir el desarrollo de las celebraciones de mayo.
La actuación valorada en 441.940,52 euros, financiada por el Ayuntamiento y los fondos FEDER de la Unión Europea al 50%, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y medio que ambas partes esperan cumplir pese a la reciente paralización con motivo del estado de alarma. Lo harán a través de una nueva planificación de los trabajos que ya permite consolidar la ejecución sin necesidad de cubrir la calzada como estaba previsto en un primer momento.
Así lo ha explicado la concejala de Urbanismo, Carmina Martinavarro, quien ha especificado que los operarios ya no están ejecutando la obra según el cronograma acordado antes de la pandemia de COVID-19, sino que acometen los trabajos en función de las necesidades de la obra. Ésta afecta a una superficie de 2.289,30 metros cuadrados que eliminará los peldaños actuales para dejar la acera a una única altura en la que la accesibilidad quede garantizada a toda la ciudadanía.
Además de garantizar la accesibilidad universal, las obras dotarán de iluminación especial a la plaza de la Iglesia, junto a la fachada de la Natividad, para resaltarla respecto a la calle San Joaquín. La plaza también incorporará dos zonas verdes con bancos y arbolado. Todo el casco antiguo sumará códigos de pavimentado para destacar datos como los edificios catalogados, los dotacionales y aquellos con interés arqueológico.
En estos momentos, la intervención en la calle San Joaquín afecta a las zanjas para el soterramiento de canalizaciones. La empresa Ravi, ganadora del concurso público de adjudicación después de reducir en 45.852,55 euros el precio por el que salió la obra a licitación y de que la primera mercantil propuesta incumpliera el procedimiento administrativo, es la encargada de la protección de sus trabajadores.
