PP: "Citan a declarar como imputados a tres concejales del PSOE, el Secretario municipal y una técnico del Ayuntamiento"
La jueza de instrucción del juzgado número 4 de Benidorm ha llamado a declarar en calidad de imputados a tres concejales del actual equipo de gobierno socialista de L’Alfàs del Pi: la edil de Hacienda Maite García, el concejal de Urbanismo Vicente Soler y la edil de Sanidad, Vicenta Baldó; junto al secretario municipal, Rafael Frías, y la técnico del Ayuntamiento, María José Pingarrón, como posibles responsables de los delitos penales cometidos en el Auxilio de Animales del municipio, que tuvo que ser cerrado tras denunciarse las numerosas irregularidades y el presunto maltrato que se cometía con los animales. Los tres ediles forman parte de la lista electoral que el partido socialista de L’Alfàs presenta a las próximas elecciones del 24 de mayo.
La juez ha señalado la vista para el próximo día 2 de junio a las 10.00 horas en los juzgados de Benidorm. Sin perjuicio de otras calificación jurídico penal que pueda corresponder a nuevos hechos que surjan de la investigación, los delitos por los que podrían ser condenados son: maltrato animal (articulo 337 del Código Penal), prevaricación administrativa ( articulo 404 del Código Penal), omisión del deber de perseguir delitos (articulo 408 del Código Penal), malversación de caudales públicos (articulo 432 del Código Penal) e infidelidad en la custodia de documentos (articulo 413 del Código Penal), un delito de fraude en la contratación ( articulo 436 del Código Penal), un delito de fraude de subvenciones (articulo 308 del Código Penal), un delito de falsedad en documento publico (articulo 390 del Código Penal) y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, previsto en el articulo 542 del Código Penal.
El pasado mes de febrero la juez, en un auto judicial, ordenó proceder a “incoar diligencias previas, para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito”.
Por este motivo, la juez solicitó a la jefatura de la Policía Local información sobre todas las incidencias, partes, quejas y actuaciones acometidas por los agentes locales en relación Asociación y Auxilio de Animales de L’Alfàs del Pi durante los años 2012, 2013 y 2014.
Igualmente, instó a la secretaría Municipal del Ayuntamiento a que apórtese numerosa documentación, entre otros: los expedientes administrativos relativos a las subvenciones, ayudas o premios efectuadas por el Ayuntamiento a favor de la Asociación; escritos, quejas y denuncias presentadas en el Consistorio por el mal funcionamiento de la Protectora; informes de los técnicos municipales, Seprona y la OCAPA de la Marina Baixa sobre el incumpliendo de la Ley de Protección de Animales; el informe de la Comisión técnica de seguimiento del Convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación; y los expedientes por la ejecución de obras sin licencia y por el ejercicio de la actividad sin las autorizaciones pertinentes, como son la posesión de la licencia municipal y la inscripción en registro oficial de Núcleos Zoológicos.
También solicitó la magistrada, a la Dirección Territorial de la Generalitat Valenciana, un informe sobre si la Asociación estaba debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de Protección y Defensa de los animales de la consellería de Agricultura y Medio Ambiente, que fue remitido al juzgado informando de la no existencia del mismo.
La juez, tras la diligencias practicadas, ha dispuesto determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos, así como las personas que han intervenido. Por ello y en calidad de inculpados han sido llamados a declarar como posibles autores materiales de los posibles delitos acaecidos los tres concejales del gobierno socialista de Vicente Arques y los dos funcionarios municipales.
La edil del PP, María Eugenia Villanueva, con el apoyo de su grupo municipal y un buen número de vecinos de la comarca denunciaron los hechos el pasado mes de noviembre, e instaron al alcalde al cierre inmediato del centro por el estado de abandono de las instalaciones, el maltrato en el que mantenían a los animales y las numerosas irregularidades administrativas que presentaba, como la subvención de más de 100.000 euros que el Ayuntamiento abonó en los siete últimos años. Una denuncia que obligó al alcalde a cerrar inmediatamente las instalaciones.
