El PP de l’Alfàs del Pi pide la dimisión del alcalde por su imputación en un delito de coacciones
Carlos Galiana afirma que “L’Alfàs no se merece tener la mancha de un alcalde imputado”
En su día, el PP ya denunció que la concesión del contrato de la basura “no estaba claro y olía muy mal”, y que las valoraciones de los técnicos de los pliegos de condiciones eran ilegales, aunque eso lo tendría que dilucidar un juez, como ya está ocurriendo.
La Sociedad Agricultores de la Vega ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento y al alcalde por este asunto y otros.
El PP ha preguntado en sucesivas comisiones y plenos ordinarios durante el último año la deuda total con SAV, “y nunca hemos tenido respuesta” ha asegurado Galiana. La mercantil SAV reclama al Ayuntamiento y justifica facturas por valor de más de 3.300.000 euros. A esta cantidad que se adeuda hay que sumarle los casi tres millones anuales que se pagan desde la adjudicación a la nueva empresa, que también se encuentra pendiente de juicio por las posibles irregularidades cometidas en la misma.
Carlos Galiana ha afirmado que al actual alcalde socialista “se le comienzan a descubrir sus trucos y mentiras con los que ha tenido engañados a todos los ciudadanos durante estos cuatro años” y ha subrayado que “nunca ha sabido defender los intereses de los vecinos, sino solamente los suyos y los del quien le manda”
La adjudicación de la contrata del servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos ha sido la adjudicación más relevantes que el equipo de gobierno ha realizado durante esta legislatura, con un importe de 36 millones de euros, y que fue aprobada con el voto de los socialistas y del partido que le ha mantenido los cuatro años en el gobierno, CEE. Votaron en contra PP y AIDDA y ahora se comienza a aclarar una adjudicación poco transparente y, posiblemente con diferentes beneficiarios indirectos.
Los hechos por lo que el alcalde tendrá que declarar como imputado el próximo lunes, en el primero de los varios juicios que tiene pendientes, tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2009, cuando SAV denunció ante la Guardia Civil de Altea, al alcalde, al concejal y al jefe de la Policía Local de l’Alfàs del Pi por bloquear el acceso a sus camiones e impedir su retirada del municipio, una vez finalizado el contrato de dicha empresa con el Ayuntamiento.
Posteriormente, SAV denunció también a la siguiente contratista La Generala, al comprobar que esa empresa estaba utilizando los vehículos de su propiedad, para lo que forzó sus cerraduras y les practicó el “puente”, como así pudo comprobar en uno de ellos la Guardia Civil de Altea.
El Juzgado de Instrucción de Benidorm archivó las diligencias pero finalmente, la Audiencia Provincial de Alicante, acordó la continuación de la instrucción del procedimiento, al encontrar indicios de delito indicando que “sí que se evidencian la concurrencia de indicios racionales de la comisión de hechos que pudieran revestir las características de delito o falta en las conductas denunciadas de impedir el acceso a los vehículos y la negativa a entregarlos a la recurrente que figura como propietaria de los mismos”.
