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Pepa Arnau

02/08/2010 Pepa
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CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL -JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE-
http://www.afaprovi.org “El actual procedimiento de selección de solicitantes idóneos basado en unas horas de entrevistas no es capaz de predecir el comportamiento futuro de los solicitantes de adopción. Es decir, no es capaz de predecir quién va a ser un buen padre y quién no. No tiene base científica pero, sobre todo, es injusto. La evidencia señala que la mejor manera de modificar comportamientos y ajustarlos a un modelo es el uso de la formación. No debería olvidarse que en un Estado de Derecho, la idoneidad judicial es la única garantía de que disponen los ciudadanos solicitantes de adopción frente a la arbitrariedad de la Administración.”
AFAPROVI. “LA FALTA DE GARANTÍAS JURÍDICAS EN EL PROCEDIMIENTO EVALUADOR. En el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, se expone en su artículo 63.b) el siguiente objetivo, que se califica como Principio de actuación de la Administración, y que, como el mismo Decreto señala, se obliga a observar:
b) La objetividad y la transparencia de los procesos de valoración psicosocial de los solicitantes de adopción naciaonal e internacional.
Sobre esto cabe decir lo siguiente: No existen criterios oficiales de idoneidad públicos.
Los criterios que supuestamente utilizan no son objetivos, es decir, la medición de la adecuación del solicitante utilizando dichos criterios ofrece diferentes resultados según quien sea el evaluador que realice la evaluación.
Los criterios utililizados son empleados como predictores del comportamiento futuro de los solicitantes. No existe prueba alguna con un margen de fiabilidad suficiente que avale esta pretensión.
Los informes son una serie de afirmaciones y juicios de valor no apoyados por datos concretos ni pruebas fehacientes (que puedan ser comprobados por un segundo observador independiente que dé validez a la prueba y objetividad a la afirmación que sostiene)”
El objetivo es la prevención de fracasos y el bienestar del menor, pero la realidad es que la formación que se imparte es “una mera aproximación al mundo de la adopción” como desde la propia Administración ha sido definida y la valoración una “criba” de los solicitantes como la definió una psicóloga actualmente en un equipo de valoración. Ante este panorama es urgente una reforma del sistema que garantice una formación adecuada y específica hacia el país, menor y características de los solicitantes de adopción.
En cuanto a la valoración carece de garantías, no existe una grabación que acredite lo que se refleja en el informe, esto tiene que ser un derecho.
La transparencia también es obligatoria sin embargo no existe una publicidad de criterios, “los que realmente se aplican en las valoraciones”, parejas fértiles sin hijos, monoparentales, perfiles entre otros, que son considerados de riesgo, pero a estos difícilmente se les predice que vayan a ser buenos padres adoptivos.
Es un derecho de los solicitantes tener información, no existe publicidad de los números de los expedientes que cada mes pasan al Consejo de Adopción, “los expedientes se resolverán por registro de entrada” todos tenemos que cumplir la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo y en todos sus términos.

En la estadística no se refleja si han contabilizado a los idóneos que al presentarse para renovar su idoneidad les ha sido denegada, tampoco observo a los que “se quedan en el camino” con un informe desfavorable sin pasar al Consejo de Adopción, estos datos seguramente quedan para la Administración.

Las reformas que son necesarias en este proceso no significa más presupuesto, sino la aplicación del existente con otras prioridades.


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