Russafa pide amparo al Síndic de Greuges para frenar la saturación acústica

"Indefensión material", "inseguridad jurídica", "saturación acústica", "desamparo ante las administraciones públicas"... Son solo algunas de las expresiones que rodean a la situación en la que se encuentra el barrio valenciano de Russafa, tal y como denuncian sus vecinos. La proliferación de las actividades hosteleras y la consiguiente saturación acústica ha provocado que muchos vecinos abandonen sus casas "y renuncien a sus proyectos de vida en Ruzafa no solo por la saturación sino por el desamparo por parte de sus administraciones públicas".

La asociación de vecinos Russafa Descansa lanza esta denuncia para pedir medidas correctivas de alcance "y a corto plazo" para revertir la saturación. Tal y como han informado en un comunicado ya llevan recogidas más de 600 firmas en tan solo tres meses y ahora solicitan amparo al Síndic de Greuges para requerir al Ayuntamiento de Valencia medidas correctivas "de alcance y a corto plazo" para revertir la saturación acústica. Medidas que podrían pasar por la declaración administrativa de Russafa como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Al problema acústico se suma ahora, además, el hotelero: "En una de cada tres fincas residenciales del barrio de Russafa ya hay apartamentos turísticos de bajo coste para el turista de paso pero de elevado impacto ambiental y social en los barrios donde se concentra", denuncian desde la asociación vecinal y advierten que los problemas asociados a la inseguridad ciudadana están por venir: "Las llaves de las propias comunidades de vecinos pasan de mano en mano, cada tres o cuatro días, entre desconocidos a diferencia de los habituales residentes".

Los vecinos piensan en ir más allá y "denunciar la responsabilidad patrimonial ante la inactividad del actual gobierno municipal" en el barrio de Russafa: "El silencio administrativo municipal genera a los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica que les obliga a acudir a la via jurisdiccional para resolver sus conflictos. Todo ello ante la inactividad municipal a la hora de atender adecuadamente sus reclamaciones y quejas", lamentan.