Valencia se une a los municipios que piden la retirada de los recursos contra el derecho civil valenciano
El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno y el grupo Popular y la abstención de Ciudadanos una moción para pedir la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano, que rigen la custodia compartida de los hijos, las uniones de hecho y el régimen económico matrimonial. La moción se basa en una iniciativa de la Associació de Juristes Valencians (AJV) que ya ha sido apoyada en más de 30 municipios valencianos.
El profesor de Historia del Derecho de la Universidad de València, Francisco Javier Palao, ha defendido la iniciativa ante el pleno, señalando que se trata de una cuestión de “dignidad y autoestima para el pueblo valenciano”. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha basado la abstención de su grupo en la oposición de su partido a las normas que puedan generar “situaciones de asimetría” y en su consideración de que “hay que respetar la legitimidad del Tribunal Constitucional y no inmiscuirse en su trabajo”.
El equipo de gobierno ha dejado constancia de su apoyo a la moción con intervenciones separadas por cada grupo. En nombre de València en Comú, la concejala María Oliver ha señalado que el derecho civil valenciano es “una competencia irrenunciable, aunque la defensa de las leyes no quiere decir que se apoye la totalidad de su contenido, como en el caso de la custodia compartida”. Su postura ha sido similar a la de la socialista Sandra Gómez, mientras que el alcalde Joan Ribó ha subrayado que no se trata de defender una ley “sino un derecho civil que no fue incluido en la Constitución como sí lo fueron los de otros pueblos del Estado y que es uno de los más amplios de Europa, además de un eje fundamental de la personalidad histórica del pueblo valenciano”.
Por su parte, el concejal adscrito al grupo Popular, Alfonso Novo, ha manifestado que con la moción “no se pone en tela de juicio el trabajo del Tribunal Constitucional. Lo que queremos es no ser menos que Cataluña, el País Vasco, Aragón o Navarra y poder aplicar nuestras normas de derecho civil”.
