Una ley incluye expropiar azoteas para montar antenas
La junta directiva de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana considera que la nueva ley de telecomunicaciones incluye la posibilidad de expropiar azoteas, y por tanto un abuso importante para los ciudadanos, por necesidades de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de la empresa operadora, según figura en su artículo 29 y en el caso de que el Gobierno lo declare de utilidad pública.
Los representantes vecinales consideran un ataque frontal a la ley de propiedad horizontal y a los derechos de los ciudadanos el hecho de contemplar ya de por sí sólo la expropiación de sus azoteas con lo cual se librarían de tener el visto bueno para instalar sus antenas y, por lo tanto, verían allanado el camino y muchos trámites administrativos.
El extremo citado apenas es conocido por el gran público y de ahí por los ciudadanos. Como colectivo vecinal de la Comunidad Valenciana exigimos a nuestras autoridades más próximas y, en concreto, a la delegación del Gobierno que “la citada ley se explique hasta sus últimas posibilidades por los representantes de las Cortes Españolas a fin de que la ciudadanía no se encuentre desamparada y sin información suficiente ante un anunciado aluvión de “intereses públicos” que podrían ser más bien los intereses privados y de negocio de las grandes compañías”.
Un resquicio para que las teleoperadoras presionen a los vecinos
Hasta el momento la experiencia vivida con las operadoras ha sido la de presionar sin es sin escrúpulos tanto a gobiernos como ciudadanos en cuanto a instalaciones “técnicamente necesarias que, además, han batido todos los récords de reclamaciones ante las políticas comerciales exageradamente agresivas y de incumplimiento de contratos".
“Es por ello que nuestra confederación expresa su desconfianza en la nueva ley y su aplicación, puesto que podría ser el resquicio que las propias operadoras utilizasen para seguir presionando tanto a consumidores como las instituciones representativas o las comunidades de propietarios que podrían quedar indefensos ,una vez más, ante el poder económico y de influencia de las empresas privadas de telecomunicaciones”, según el acuerdo alcanzado en una directiva sobre éste asunto.
