Compromís pide al Ayuntamiento que se posicione contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana
Pilar Soriano, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, pedirá en la comisión de participación ciudadana, que el Ayuntamiento manifieste que no es necesario un nuevo marco normativo para garantizar el correcto desarrollo de las manifestaciones y concentraciones públicas ciudadanas de rechazo a hechos, decisiones o actas de cualquier ámbito público y privado.
Compromís considera que es positivo y una señal de buena calidad democrática que ante el descontento cada vez mayor de la ciudadanía las manifestaciones públicas sean el medio para hacer patente este enojo, aunque al partido gobernante no le parezca así.
Por esto, Compromís considera innecesaria la llamada “Ley Antiprotesta”, puesto que introduce medidas restrictivas del ejercicio de la protesta o manifestación y endurece las penas, incluso reduciendo las garantías judiciales de defensa demostrando que su única finalidad es amordazar la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política. Pilar Soriano, ha declarado: “La represión acompaña a los recortes sociales y retrocesos de los derechos laborales y ciudadanos, en un escenario conjunto que nos hace retroceder socialmente y normativamente a mediados del siglo pasado. En Valencia hemos vivido recientemente un proceso de represión policial, la conocida como Primera Valenciana, de la que se hizo eco la prensa internacional, donde todos los procesos judiciales están siendo archivados.”.
Desde el Parlamento Europeo también se ve con preocupación el proyecto de la nueva ley. Tanto es así que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, se ha referido al borrador de la ley de seguridad ciudadana como "altamente problemática". Muižnieks ha advertido que la nueva ley plantea dudas sobre "sí son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática" para mantener el orden público, y sobre como evitar "interferir demasiado en la libertad de reunión".
Es por todo esto que Compromís pedirá al equipo de gobierno del Ayuntamiento que considere posicionarse en contra de la nueva ley puesto que el procedimiento sancionador actual establecido por vía administrativa y judicial ya contempla varios supuestos en cuantías económicamente elevadas.
