Piden 43 años de cárcel al empresario Enrique Tatay por la venta de Pickman
La querella ha sido presentada por el empresario I.J.C., que el 21 de mayo de 1997 compró a Tatay la totalidad de sus acciones en la sociedad Plusvalores S.A., propietaria del cien por cien del capital social de Pickman.
Tatay, que en los años 90 fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Valencianos, realizó la venta de Pickman cuando acababa de ser encarcelado por un presunto delito de narcotráfico, si bien, posteriormente, fue condenado en otras causas derivadas de su actividad empresarial.
En el juicio que celebrará el martes y miércoles próximo la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la acusación particular imputará a Tatay nueve delitos de apropiación indebida, con una condena de cuatro años de cárcel por cada uno; otro presunto delito de estafa con agravantes, por la que pide cuatro años de prisión; y un presunto delito societario, por el que reclama tres años.
La Fiscalía de Delitos Económicos, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, sostiene, sin embargo, que no existió engaño y que "el precio de la compraventa se fijó en base a documentación contable de los ejercicios económicos que requirió el comprador".
Las periciales judiciales -afirma el fiscal- acreditan "coincidencias básicas entre los documentos acreditativos de la situación económica de Pickman y las constancias registrales correspondientes".
Las diferencias, añade el escrito del fiscal, se derivan de "revalorizaciones del inmovilizado de la entidad".
Por ello, la Fiscalía entiende que las operaciones objeto de imputación "no son constitutivas de delito" y solicita al tribunal la libre absolución del acusado, con declaración de oficio de las costas judiciales.
La fábrica Pickman, que comercializa la marca "La Cartuja de Sevilla", se encontraba en aquellos años en una difícil situación económica, con importantes deudas con Hacienda y la Seguridad Social y la consiguiente incertidumbre para sus 200 trabajadores.
Tatay ha sido juzgado en los últimos años por distintos casos de estafa y apropiación indebida en la gestión de sus empresas, así como por delito contra la Hacienda Pública.
