Un juzgado cita a declarar a los internos que denunciaron malos tratos en Zapadores un año después de ser expulsados :: elperiodic.com

Denunciaron malos tratos, los expulsaron de forma inmediata y un año después los citan a declarar para investigar lo sucedido. Cinco internos de origen argelino aseguraron que esa noche, mientras permanecían en sus celdas, dos agentes de la policía entraron a registrar con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin encontrar nada, pero, según aseguran, a los pocos minutos uno de los agentes de complexión fuerte volvió y arremetió de inmediato contra ellos; el policía les golpeó repetidamente con su porra, infligiéndoles contusiones de hasta 15 cm. en la cara, el cuello, el torso y los brazos, según relataron los jóvenes a integrantes de de la Campaña por el Cierre de los CIE. El policía les gritaba mientras golpeaba, pero no entendieron nada, pues no hablaban castellano. Los chicos -tres de ellos afirmaron que eran menores- habían llegado en una patera con diez personas más a las costas de Almería el 8 de abril, tras jugarse la vida en una travesía de 20 horas.

A instancia de las presuntas víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado por detención ilegal de menores y por haberse vulnerado el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. A raíz de la denuncia, se les citó a declarar y se ordenó abrir una investigación para determinar responsabilidades penales. El 30 de abril, el titular del juzgado de instrucción nº 3 de Valencia les tomó declaración. Todos coincidieron en la descripción del agente agresor y en la narración de los hechos: el policía entró en la celda y, sin que se produjera ningún tipo de provocación por parte de ellos, comenzó a pegarles. El juez consideró que las lesiones eran “de muy escasa entidad” y no “se conoce la causa de las mismas”, por lo que no había lugar al habeas corpus, es decir, a la puesta en libertad de los denunciantes, aunque la investigación judicial iniciada por la denuncia por malos tratos siguió su curso. Al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, los jóvenes explicaron a integrantes de la Campaña que, como represalia por la denuncia, les habían impedido beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que paliara el dolor provocado por las lesiones.

El equipo jurídico de la Campaña presentó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que si no permanecían en España no se podrían llevar a cabo “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”. Sin embargo, los jóvenes fueron expulsados pocos días después de comparecer ante el juez y hasta ahora la única diligencia practicada de la que se ha tenido conocimiento es la citación del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia para que declaren los denunciantes el próximo 19 de abril.

Desde hace tiempo, la Campaña viene denunciando que casi de forma sistemática se expulsa a las presuntas víctimas de malos tratos, e incluso a los testigos, cuando se acude a la justicia para que investigue los hechos. De este modo, las actuaciones judiciales acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva. Además del caso de estos jóvenes argelinos, el mismo procedimiento de expulsión tras la presentación de denuncia se ha practicado contra una chica argelina, que acusó en 2010 a un policía de abusar sexualmente de ella en el calabozo donde permaneció antes de ser trasladada a Zapadores, y contra quienes denunciaron ser víctimas de castigos colectivos en Zapadores en 2011.