Giner reclama una ordenanza fiscal "que no sangre a los valencianos con la plusvalía"

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha adelantado que, en el pleno de mañana, su grupo votará en contra de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía.

“Estamos ante la modificación de la ordenanza de un impuesto injusto que debería eliminarse, al menos, en casos de herencia; y en la que el Ayuntamiento grava al máximo que permite la Ley. No podemos apoyar un expolio fiscal”, ha sentenciado Giner.

En este sentido, el líder de los liberales ha sido tajante: “no podemos apoyar una adaptación de la ordenanza que fija el impuesto en el máximo que permite la Ley”. Al respecto, ha explicado que “el equipo de gobierno ha establecido los coeficientes máximos previstos en la Ley a aplicar sobre el valor del terreno, según el periodo de generación del incremento de valor, sin reducirlos lo más mínimo. Y, lo más sangrante, fija el tipo de gravamen en el 29,70%, es decir, rozando el máximo legal que es del 30%”.

Además, Giner ha recordado que la ordenanza impide la atención presencial a quienes acudan mediante gestor o asesor (2.870 de 5.987, en 2020), apuntando que “como ya les dijimos, por mucho que les faciliten una plataforma online, hay alternativas para no privar de asistencia presencial en relación con este impuesto a casi la mitad de los contribuyentes”.

Por lo que respecta a la merma del 35,28% en la recaudación que ha estimado el Ayuntamiento como consecuencia de la nueva regulación de la plusvalía, a juicio del líder de la formación naranja, “demuestra que teníamos razón en nuestras reclamaciones al presupuesto cuando decíamos que, tras el varapalo del Tribunal Constitucional y el cambio normativo que modifica la fórmula para determinar la base imponible, era un brindis al sol extrapolar los ingresos de 2021 a 2022”.

“No tenía sentido prever ingresar 35 millones de euros, basándose en que a 30 de septiembre de 2021 había recaudado 29,21 millones de euros, sin tener en cuenta que, como denunciamos en nuestras reclamaciones al Presupuesto, se trata de una recaudación obtenida con base en una normativa que actualmente ya no está vigente”, ha recordado Giner, recalcando que “en la medida en que la nueva norma aprobada en noviembre de 2021 establece un método más favorable para el contribuyente, se supone que se pagará menos en concepto de plusvalía que en el año anterior. Además, el impacto de la previsible litigiosidad también  hacía prever que no se van a cumplir las previsiones que hicieron Compromís y PSPV”.

En este sentido, el portavoz de los liberales ha advertido que “prueba de ello, es la diferencia entre lo recaudado hasta el 15 de febrero de 2022 (283.510,81 euros), en comparación con  los 4.595.847,04 euros recaudados en ese mismo periodo de 2021; las 3.726 reclamaciones que ha recibido el Ayuntamiento  desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 14 de febrero de este año; o la devolución de 1.390.076 euros a raíz de las reclamaciones presentadas tras  la Sentencia del Tribunal Constitucional”.

Por último, y en relación al Impuesto sobre actividades económicas (IAE), Giner ha mostrado su preocupación en caso de que sea inadmitido o desestimado el recurso de casación que el Ayuntamiento ha reconocido, a preguntas de Cs, haber preparado contra la Sentencia que condenó al Ayuntamiento a reembolsar a una empresa hotelera 26.888 euros por el IAE.

“De confirmarse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que dio la razón al establecimiento hotelero que reclamó el importe del IAE correspondiente al periodo que duró el confinamiento en 2020 y las restricciones posteriores, puede sentar precedente y generar un efecto llamada para empresas de este sector u otros que también se vieron afectados por las restricciones y cese de actividad”, ha advertido Giner.

Para concluir, Giner ha señalado que “nos constan 48 reclamaciones administrativas de esta naturaleza y, hasta el momento, otros 5 procedimientos judiciales. Lo preocupante es que el Ayuntamiento ha sido condenado en todos los que ha recaído sentencia. Tres en concreto, que suman un total de 68.739,41 euros”.