Funcionarios contestan a Campillo y Notario tras la denuncia y les acusan de mantener altos cargos del Ayuntamiento de manera ilegal

Los siete funcionarios que denunciaron a los concejales Campillo y Notario, de Compromís, acusan ahora a los ediles de mantener a auxiliares administrativos en puestos de relevancia para los que no están capacitados y, según la ley, no pueden ejercer.

Al igual que ha sucedido con la denuncia por las bolsas de auxiliares administrativos para interinos sin haber aprobado el ejercicio práctico, ahora mismo en el Juzgado de lo Contencioso, y por la que 300 empleados pueden perder su trabajo, según los denunciantes, “fue la propia documentación aportada por el Ayuntamiento de Valencia al Juzgado de instrucción nº 20, la que nos aclaró de forma fehaciente los hechos que le trasladamos a la Sra. Notario, en una reunión que mantuvimos con ella dos de los hoy denunciantes”. Esa documentación ha dado lugar a que en estos momentos se encuentren varias demandas en la vía contenciosa, todas ellas con señalamiento de fecha de juicio, y una denuncia por prevaricación contra Campillo y Notario, recaídas en los Juzgados nº 5, 7, 9 y 10 de las Salas de lo Contencioso Administrativo de Valencia.

Entre esos hechos destacan que, “por resolución de Alcaldía y sin ningún tipo de concurso ni prueba a la que se pudiese concurrir, y con el único criterio de favorecer a unos pocos, funcionarios que habían entrado en el año 1981 como Auxiliares de Mercados, nivel 4,  mediante acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 1.983, se crearon 25 plazas de Inspectores de Abastecimientos por transformación de 25 plazas de Auxiliares de Mercados, dando lugar al  nivel 16 hoy en día conocido por todos como C2 16, pasando a denominarse Inspectores de Abastecimientos y Consumo”. Y, más adelante, que por Resolución nº 100-P de fecha 10 de febrero de 1994 y en virtud de Delegación conferida por Resolución nº 68, de 18 de enero de 199, “a dos de esos inspectores se les confirió el grado 18 y se inició la consolidación del grado 20, llegando alcanzar mediante Informe del Jefe de Sección, el puesto de Coordinador de Inspección aprobado nuevamente por Resolución nº 163-P, de fecha 9 de marzo de 2012, adoptándose, en sesión celebrada en junio de 2011, el reconocerles el grado 22 mediante informe de la Jefatura de Sección por funciones superiores”. 

La estructura de la carrera profesional de la administración pública contempla 30 grados hasta los que puede ascender un funcionario. Todos los funcionarios de carrera adquieren un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel, correspondiente durante dos años continuados o tres años con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el artículo 70.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo, “cualquiera que fuera el sistema de provisión”. Ese artículo fija como doctrina legal que “no incluye, a los efectos de la consolidación del grado personal, los puestos de trabajo obtenidos en virtud de adscripción provisional”. Sin embargo, “eso es lo que ha sucedido en algunos casos contraviniendo la legalidad -aclaran los denunciantes-, puesto que, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado, consolidan cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su escala”. En el caso de un auxiliar administrativo, el tope está en el nivel 18, como prevé el artículo 71 del mismo Real Decreto.

Los sindicatos, en el punto de mira

Los denunciantes critican que se haya aplicado ese criterio de ascenso y carrera profesional con algunos funcionarios: “No entendemos por qué no se aplica para todos”. Y han señalado a uno de los inspectores, G.C., liberado sindical y secretario general de STAS Intersindical Valenciana en el Ayuntamiento: “Lo más lacerante es que uno de esos Inspectores, concretamente el señor G.C., estaba liberado sindicalmente. ¿Cómo se pueden realizar funciones superiores estando liberado? Y bien liberado pues nada más ni nada menos que lo ha sido hasta noviembre de 2018, sin tener ni siquiera la titulación requerida para alcanzar el nivel 22, y que conforme a su cuerpo de escala sólo podría alcanzar el nivel 18”.

Los funcionarios acusan al Gobierno municipal de “comprar el beneplácito” de los sindicatos: “En la asamblea celebrada en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia el 6 de noviembre de 2018, este mismo funcionario (G.C.), de la STAS, tuvo la descortesía de señalar a los funcionarios hoy denunciantes, recordándoles que por su edad ya no les daba tiempo a concurrir a ninguna carrera profesional, siendo consciente de la realidad de la inexistencia de carrera profesional para los funcionarios de la carrera administrativa en el Ayuntamiento”, derecho insoslayable contemplado en la Ley (capítulo II del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, arts. 16 a 20). “Mucha desvergüenza para un sindicalista que debería defender estos derechos de promoción, en lugar de echar en cara la ausencia de estos derechos de los que solo se han salido ganando sindicalistas sin escrúpulos para beneficio propio, allegados y conocidos. Debería haber explicado, después de esas declaraciones, cómo ascendió en el tiempo de un nivel 4 al grado 22”, han añadido. Hay que recordar que todos los sindicatos votaron a favor de las bolsas de trabajo cuya legalidad se encuentra a la espera de resolución en el Juzgado de lo Contencioso de Valencia.

Durante la primera legislatura del Rialto, dos de los empleados públicos acudieron a Luisa Notario para explicarle la situación, pero la concejal se excusó en que se trataba de “gestiones desigualitarias derivadas de los gobiernos anteriores”. “Son mismos perros con distintos collares. Han mantenido la política de siempre y usan a los sindicatos para beneficio propio, asegurándose que no abran la boca manteniendo puestos y prebendas ilegales”, han comentado.

Acusan al Ayuntamiento de pruebas falsas

Los denunciantes han acusado al Ayuntamiento de “aportar pruebas falsas” a la Audiencia Provincial, lo que ha desencadenado varias demandas contenciosas administrativas contra el Consistorio: “Al margen del Juicio sobre la nulidad de las bolsas sobre los acuerdos caciquiles de la Mesa de negociación y el nombramiento indebido de gente no cualificada, reiteramos que los 7 funcionarios denunciantes estamos inmersos en varias demandas contenciosas administrativas para el reconocimiento de los derechos irrenunciables de nuestros compañeros, todas ellas con fecha fijadas para la vista, de señalamiento para la celebración de juicio. Recordarles que se atrevieron a aportar pruebas falsas a la Audiencia Provincial que se tendrán que juzgar en estos procedimientos abiertos, con la consiguiente implicación, si hubiera, por posibles irregularidades administrativas e ilícitos penales”.

Además, han advertido a Campillo y Notario tras sus declaraciones en el último comunicado a raíz de la denuncia por las bolsas de trabajo: “¿Alguno de ellos cree con sinceridad que, sin una denuncia bien fundamentada y con sólida prueba documental adjunta, se hubiese hecho eco de esta noticia tanta prensa escrita? Deberían medir sus palabras por lo que les pueda esperar”.

VOX exige explicaciones

El portavoz del Grupo Municipal VOX, Pepe Gosálbez, ha exigido al vicealcalde Sergi Campillo que “dé explicaciones” a las acusaciones de los funcionarios y pide que haga pública la documentación: “Este Gobierno venía a cambiar las cosas y ser el adalid de la transparencia, pero cada día nos enteramos de una nueva polémica y me temo que no será la última. Viven en el ocultismo y la corruptela”. El concejal ha señalado que esta situación “perjudica” a los valencianos: “Con esta política de favorecer a unos pocos funcionarios no preparados y vetar durante años la posibilidad de promoción interna de funcionarios de carrera en contra de lo dispuesto en la Ley, ¿cómo se quiere que se acceda a la función pública con requisitos de mérito y capacidad? Y, lo más importante, ¿cómo se puede garantizar en esas condiciones servicios de calidad a los ciudadanos?”.