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Barberá ante el informe de la abogacía del Estado sobre El Cabanyal: “Es un globo sonda para rectificar la barbaridad que han hecho”

  • “Si el Gobierno quiere volverse atrás, estoy dispuesta a oírles, pero no a través del comunicado de una asociación de Vecinos”

“Tengo la sensación de que el informe del Abogado del Estado sobre la paralización del PEPRI de El Cabanyal es un mero globo sonda dirigido a rectificar la propia Orden del Ministerio de Cultura”. “Se han dado cuenta de la barbaridad y el abuso que han cometido y, de algún modo, quieren dar marcha atrás”. La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha respondido hoy de esta manera a la publicación de un informe de la Abogacía del Estado sobre la concesión de licencias en el ámbito del citado Plan Especial de Protección y Reforma Interior, PEPRI.

Barberá se ha hecho eco de las afirmaciones del citado informe en las que se señala que debe limitarse la suspensión del PEPRI “a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio”. “Ante esto, yo me pregunto –ha argumentado la Alcaldesa- ¿si no hay BIC (Bien de Interés Cultural) no hay expolio?”. “Es decir que el propio informe reconoce que todo lo que no es BIC no está sujeto a la paralización –ha continuado- lo que demuestra la extralimitación de la Orden del Ministerio, mucho más allá de sus competencias”.

“No debe extrañarnos este inicio de rectificación –ha asegurado Barberá- dado que el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a este continuo tomar decisiones, volverse atrás, contradecirse…”. “En este caso –ha añadido- se han dado cuenta de la barbaridad y el abuso cometido, y de algún modo quieren dar marcha atrás”.

La Alcaldesa también ha querido matizar la afirmación del informe estatal, en el que se señala que el Ayuntamiento debería “analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble, estudiar el tipo de información propuesta y analizar el impacto del PEPRI sobre las mismas”.

Sentido común
A este respecto, ha defendido el “sentido común” que ha presidido las decisiones del Equipo de Gobierno. “Nosotros –ha asegurado- hemos tramitado absolutamente todas las licencias solicitadas aunque, claro, no las hemos podido firmar dada la Orden de suspensión del Ministerio”. Tal como ha recordado Barberá, los Servicios Municipales del Área de Urbanismo recibieron en su momento una circular indicándoles que debían tramitarse todas las licencias solicitadas: “Nosotros –ha explicado la Alcaldesa- hacemos toda la tramitación, reconocemos a la persona solicitante su derecho a tener la licencia, pero al habernos caído encima el decreto que, como se recordará, hablaba de suspender toda actuación administrativa, las licencias quedan suspendidas hasta que pueda ser llevado adelante el PEPRI, porque tienen derecho”.

Por eso, durante este periodo han sido concedidas 3 licencias por urgente necesidad o seguridad para la propia vivienda. Hay otras 15 solicitadas y en tramitación: 8 de reforma y 7 de nueva planta; y otras 7 suspendidas, 6 de reforma y 1 de nueva planta. “Es decir –ha reiterado la Alcaldesa- estamos haciendo ya lo que nos dicen, estudiar las licencias, y la que tiene urgencia se da y punto, puro sentido común, nada de paralización sistemática”.

La Alcaldesa ha instado al Gobierno a “asumir sus responsabilidad”, y ha asegurado que el propio informe del Abogado del Estado refleja “la clara competencia municipal” sobre este asunto y la “extralimitación del Gobierno”.

Un informe hecho “a la carta”
En su intervención ante los medios de comunicación, Rita Barberá ha calificado el texto de la Abogacía del Estado de “informe a la carta”. De hecho, ha argumentado, en su primera consideración jurídica el documento “expresa su desconocimiento de las resoluciones desestimatorias del Ayuntamiento de Valencia de las licencias solicitadas, así como los argumentos jurídicos que las fundamentan, por lo que las consideraciones que se expresan son de carácter general”. “Lo que significa –ha asegurado- que como no conocen lo que deben opinar, dan una opinión general: es tan a la carta que es ridículo”.

A este respecto, la Primera Edila ha querido dejar claro que el informe “es la mera opinión personal de un Abogado del Estado, contra la que puede haber otras tantas opiniones diversas”.

Además, la Alcaldesa ha querido establecer las diferencias que hay entre los conceptos BIC y Conjunto Histórico que manera el texto estatal, dado que BIC se refiere a una catalogación patrimonial, y por ello las actuaciones a él referidas exigen valoración de Cultura, mientras que Conjunto Histórico es una calificación urbanística.

“Si quieren dar marcha atrás, que lo digan directamente”
La Alcaldesa ha lamentado la forma en que se ha hecho público el comunicado estatal, a través de una Asociación de Vecinos, y ha denunciado que, antes de que el informe fuera notificado a las administraciones afectadas, como el Ayuntamiento, “ya era conocido por Salvem El Cabanyal y por la izquierda de esta ciudad, puesto que ayer mismo la Portavoz socialista, Carmen Alborch, insinuaba que hoy habría novedades del Ministerio sobre este asunto”.

“Sin duda –ha ironizado Rita Barberá- el Gobierno ha inaugurado un nuevo modelo de descentralización: la Abogacía del Estado difunde sus informes o sus opiniones a través de una asociación de vecinos. Increíble”.

La Alcaldesa ha concluido su intervención señalando que está “dispuesta a oír al Gobierno, pero –ha matizado- directamente, no a través de una asociación de vecinos”. Según la Alcaldesa, el Ejecutivo “se ve venir el palo judicial y comienza a dar marcha atrás”.

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