AVAESEN recurre ante el tribunal supremo el real decreto de las renovables
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, por la que se delimitan los nuevos derechos y obligaciones de los titulares de instalaciones renovables, los nuevos requisitos y trámites administrativos aplicables, definiendo las instalaciones tipo a partir de las cuales se realizará el cálculo de las nuevas retribuciones.
Ambas disposiciones reglamentarias desarrollan la modificación del régimen retributivo llevada a cabo por el Real Decreto Ley 9/2013 y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, por las que se dejaron sin efecto el régimen legal y económico aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
En su recurso, AVAESEN alega que ambas normas no son conformes a derecho, con el objetivo de obtener su inaplicación a las liquidaciones que practique la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, evidenciando así mismo aquellas situaciones de ilegalidad de las disposiciones con rango de Ley de las que traen causa las disposiciones impugnadas, y que han supuesto la derogación por completo y en su totalidad del sistema retributivo existente, hecho que constituye una situación novedosa respecto a los cambios normativos sobre los cuales han tenido que resolver nuestros Tribunales.
Para la patronal valenciana de la energía la nueva normativa implica en determinadas instalaciones una pérdida de ingresos que la hacen totalmente inviables, con gastos y costes de mantenimiento superiores a los ingresos fijados por el Ministerio, por lo que la rentabilidad razonable a la que hace referencia la norma no se cumple.
Entre los argumentos que sirven para recurrir las normas citadas están los de vulnerar el principio de rentabilidad razonable, la no protección de las inversiones al amparo de norma legal, la expropiación encubierta de derechos adquiridos y negocios amparados legalmente, la vulneración de la Carta Europea de la Energía, la congelación y paralización del desarrollo de las energías renovables, la vulneración del principio de legalidad y arbitrariedad legislativa, entre otros, que servirán para solicitar al Tribunal Supremo e instancias superiores como el Tribunal Constitucional y/o Tribunal de Justicia de la Unión Europea la anulación de la citada normativa.
El Real Decreto fija unos recortes para el conjunto de España de 1700 millones de euros, de los que 231 millones serán en plantas instaladas en la Comunidad Valenciana.
Los recortes alcanzan el 40% en el caso de la energía eólica y la solar fotovoltaica, y el 22% en el caso de la cogeneración. En el global de las plantas instaladas en la Comunidad Valenciana supone 231 millones de euros, de los que 102 millones se recortan en la energía solar fotovoltaica, 80 millones en la energía eólica, 37 millones en la cogeneración, y el resto en otras energías como biomasa, solar térmica, mini hidráulica y residuos.
