Los derribos

Todos los que nos dedicamos a esto del urbanismo sabemos que uno de los temas más peliagudos con los que les toca torear a los alcaldes y concejales de urbanismo es la construcción ilegal de casas en suelo no urbanizable. Durante muchos años la administración ha hecho caso omiso a esta situación y ha mirado para otro lado, a no ser que un vecino airado denuncie la infracción cometida. Y, por ello, tenemos el problema que tenemos hoy: edificaciones que deben ser derribadas porque el juzgado así lo ordena, y construcciones para las que ya ha prescrito cualquier posibilidad de que los ayuntamientos obliguen a su derribo.

La administración debe plantearse si sigue mirando hacia otro lado o empieza a derribar casas a diestro y siniestro. Usted, como yo, sabemos que, a parte de aquellos que los juzgados ya han declarado en sentencia firme la obligación de proceder al derribo, no se va a derribar ni una.

Por lo tanto, la Conselleria debería empezar a regular procedimientos para que se evite el impacto ambiental que, evidentemente, producen todas estas casas ilegales. Y tampoco es justo que estas edificaciones no hayan contribuido a las obligaciones urbanísticas que la ley impone a las construcciones legales edificadas en suelo urbanizado. Habrá que solucionarlo.