El Pleno aprueba solicitar que se restablezca la suscripción del convenio de la Seguridad Social de los cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Sagunto aprobó en la última sesión ordinaria la propuesta de solicitar que se restablezca, dando para ello el impulso normativo necesario, la obligatoria suscripción del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia, así como el ingreso de su correspondiente cotización a cargo exclusivo del Estado. La ponente, Natalia Antonino, fue la encargada de presentar la moción del PSPV-PSOE que finalmente se aprobó por unanimidad.

Con esta moción también se requiere recuperar los niveles de financiación de la Ley de la Dependencia por parte de los Presupuestos Generales del Estado, previos a los recortes del 2012, además de aumentar la financiación de la Ley de la Dependencia y cumplir así la ley que preveía la obligatoriedad de financiar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a partes iguales (50%), por parte de cada una de las administraciones, gobierno central y comunidades autónomas.

Otro de los acuerdos es promover un pacto de estado por la Ley de la Dependencia y los Servicios Sociales con las Comunidades Autónomas, las organizaciones del tercer sector, las plataformas de afectados, familiares, usuarios y todos los grupos políticos para actualizar, fortalecer y mejorar las prestaciones y servicios de manera equitativa y sostenible en todo el territorio nacional.

Por último, a propuesta del Partido Popular, entre las demandas acordadas por el pleno se pide a la Generalitat que, tras la delegación de competencias, se pueda acompañar de un mayor esfuerzo inversor en medidas de planificación y gestión y que vendría a solicitar el incremento de la subvención en concepto de personal de servicios sociales, tanto técnica como administrativa, para poder atender las funciones que han trasferido a los ayuntamientos en materia de dependencia y renta valenciana de inclusión social, tanto a nivel de grabación de datos como de valoración del grado de dependencia en atención al crecimiento exponencial con respecto a otros ejercicios de la demanda que se produce en estos momentos.

Los motivos por los que se pretende llegar a dichos acuerdos, según recoge la moción, es que las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están reivindicando la recuperación de derechos para los cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia, dirigiéndose a los grupos políticos a fin de que muestren su apoyo a esta reivindicación ante el gobierno de España.

Así, cabe destacar que, la estructura familiar como apoyo y marco de atención y cuidados está reconocida jurídicamente en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LPAAD). Esta norma reconoce entre las prestaciones económicas del catálogo, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores/as no profesionales, comúnmente denominada ayuda al cuidador/a no profesional o informal. A pesar de tratarse de una figura excepcional, desde el momento en que se aprobó la Ley se reguló, por primera vez en la legislación, una protección específica de estos cuidados.

Este reconocimiento, continúa la propuesta, contrasta a priori con lo que claramente parece ser el objetivo final de la Ley, que no es otro que establecer un modelo profesionalizado de prestación de servicios a través de su encomienda a una red de servicios públicos o concertados. Es importante destacar la importancia que en la actualidad representa el cuidado de la persona dependiente en el entorno familiar, por ello, este recurso se ha convertido, en un destacado número de situaciones, en una de las soluciones más demandadas por los beneficiarios/as de las prestaciones del sistema.

Al recoger en la Ley esta cobertura social el legislador pretendió darles a los cuidadores/as no profesionales dentro del entorno familiar una atención particularizada que, hasta el momento, se encontraba huérfana de una protección específica por parte de las normas de la Seguridad Social. Y, en este sentido, se articuló su correspondiente reflejo en este ámbito con el fin de dispensar una cierta acción protectora los que se dedican de manera no profesional a estas tareas, por lo que los cuidadores debían incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social y quedaron así incorporados al mismo.

Sin embargo, como medida de ajuste, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, se dispuso que el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, tendría, para los cuidadores/as no profesionales, carácter voluntario y las cotizaciones a la Seguridad Social por este convenio especial serían a cargo exclusivamente del suscriptor del mismo a partir del 01/01/2013, con un régimen transitorio para los ya existentes desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012. Los efectos fueron devastadores. Según datos de la TGSS (listado de movimientos de alta y baja de los cuidadores/as no profesionales) se pasó de 179.829 cuidadores/as con cobertura en 31 de julio de 2012 a 23.933 a fecha 31 de diciembre de 2012.

Tal y como explica la propuesta, la «expulsión» de esta cobertura, convirtiendo el convenio especial con la Seguridad Social de suscripción obligatoria en voluntaria, supuso uno de los puntos de retroceso en la aplicación de la LPAAD más controvertido, por lo que debía replantearse retomar esta obligatoriedad y el abono de las cotizaciones a cargo del Estado, partiendo de un doble enfoque: la recuperación de los derechos ya conquistados y porque desde un punto de vista económico-social supone reconocer con efectos prácticos la función de los cuidadores y cuidadoras en el entorno familiar del dependiente y constituye una merecida contraprestación a la tarea que realizan.

La moción también señala el impacto negativo de género en el caso de las mujeres, que tradicionalmente han ido asumiendo el rol de cuidadora en las sociedades mediterráneas y latinas y han resultado las grandes desprotegidas por esta medida. Según datos del IMSERSO, a 30 de septiembre de 2017, de las 8.727 altas en el convenio especial de cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia, 7.746 son mujeres y sólo 981 son hombres.

Entre las modificaciones que se han llevado a cabo respecto a la Ley de Dependencia, estaba el cambio en la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores/as no profesionales de las personas en situación de dependencia, la cual afectó a unas 180.000 personas que tenían suscrito el convenio especial, de las cuales, el 93% son mujeres.