Agricultores expropiados por los terrenos destinados a Volkswagen en Sagunt plantan una falla a modo de protesta
Lo hacen a pocas horas de que el Rey Felip VI visite estos terrenos en el acto de colocación de la primera piedra de Volkswagen
Unos 150 agricultores de Sagunto se han manifestado este jueves al estar afectados por las expropiaciones de terrenos sobre los que se va a construir la gigafactoría de Volkswagen. Lo han hecho un día antes del acto de colocación de la primera piedra de Volkswagen presidido por el rey Felipe VI, para reclamar soluciones “urgentes” a su problema.
Bajo el lema “Sí a Volkswagen, pero no a costa del bolsillo de los agricultores”, AVA-ASAJA y LA UNIÓ han solicitado a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central que retiren las demandas interpuestas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y acepten pagar el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación a los propietarios.
Los expropiados que se han manifestado en Puçol, pretendían quemar una falla reivindicativa pero, al no autorizarles dicha ‘cremà’, han prendido fuego a una caja con carteles de manera simbólica y han decidido donar el ninot a la Comisión Picaio de Puçol que se había quedado sin terminar todo el monumento por incumplimiento del artista.
Afectados asesorados por ambas organizaciones profesionales agrarias están recibiendo demandas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials (EEE) –participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central– porque no acepta el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto, y donde están representados expertos cualificados en la materia, tales como un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo e incluso un técnico de la Conselleria de Política Territorial.
Esta decisión está llegando a situaciones tan surrealistas como una demanda interpuesta a un pequeño propietario para tratar de no abonarle 1.073 euros de diferencia que hay entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, de modo que va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.
“Llevar estas expropiaciones a los tribunales no solo supone retrasar los pagos, al menos, tres años que este tipo de juicios suele durar, sino que pretende disminuir la cuantía de los pagos”, lamentan los afectados.
El Consell quiere llegar a un acuerdo con los afectados
Desde el Consell insisten en su voluntad de dialogar con los afectados y las familias para llegar a un acuerdo: “Este Gobierno tiene muy claro que quiere un acuerdo y más en un tema tan sensible, nosotros no vamos a cesar en ese diálogo”, ha expresado la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, este jueves.
Un proceso de largo recorrido
Debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (en torno a 40 euros por metro cuadrado). En la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según parcelas), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos. Este jurado marcó lógicamente cifras situadas entre las dos propuestas. No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial.
Según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, EEE ha publicado una licitación con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para esta misma guerra judicial, siendo el adjudicatario el despacho madrileño María del Mar de Villa. Además del presupuesto asignado, EEE podría derrochar más dinero público si contrata peritos independientes y, en caso de perder los pleitos y ser condenado en costas, debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio.
Las entidades convocantes tachan de “kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del jurado de expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración”.
