Rosa Pérez Garijo: "Queremos un modelo de justicia social, no de asistencialismo"
La diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha presentado esta mañana en un acto informativo junto a la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, y la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez i Llopis, los cambios en la gestión de los servicios sociales que se reflejarán a partir del próximo ejercicio.
Pérez Garijo ha explicado que a través del nuevo convenio, que eliminará duplicidades en el caso de la Diputación, los municipios tendrán más autonomía y podrán gestionar ayudas como las de asistencia nutricional, por ejemplo, decidiendo si se interviene directamente con las familias o a través de comedores sociales.
El acto de presentación de los presupuestos, al que han asistido unos 180 representantes de municipios y mancomunidades de la provincia y que se ha celebrado en el MuVIM, marca, según la diputada provincial, una "nueva etapa" de coordinación entre las administraciones por un modelo de servicios sociales que refuerce el papel de los profesionales.
"Se trata de un modelo municipalista, donde es fundamental la administración municipal. La línea que se quiere seguir en colaboración con la administración autonómica es cambiar el asistencialismo heredado por justicia social", ha destacado Pérez Garijo.
A partir de 2017 se pondrá en funcionamiento la distribución de competencias acordada entre la Conselleria y la Diputación, de manera que la administración provincial asumirá la gestión de los Servicios Sociales en los municipios de menos de 10.000 habitantes, respetando la distribución de la vigente Ley de Servicios Sociales y eliminando así situaciones "anómalas", por las que municipios con más población eran financiados por la Diputación.
La novedad principal radica en que los trabajadores sociales de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD) pasarán a formar parte de los Equipos Sociales de Base, constituyendo una única red de atención primaria.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha destacado que los cambios en la gestión de los servicios sociales parten de un incremento del 62%, hasta los 24 millones de euros, en esta partida de los presupuestos de la Generalitat para 2017 que permitirá la contratación de profesionales.
Casas, que ha anunciado que la financiación del personal por parte de la Conselleria y de la Diputación será del 100%, ha animado a los consistorios de la provincia a convocar bolsas de trabajo.
También ha señalado que para poder contratar a nivel local, los ayuntamientos deberán declarar en el Pleno los derechos sociales como esenciales, de manera que no estén sujetos a la prohibición de contratación derivada de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
"Se ha empezado a trabajar en el nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que tendrá un modelo de intervención comunitaria basado en el de los años 80", ha aseverado Casas.
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, ha explicado que los cambios siguen lo estipulado en el Acuerdo del Botánico y que el de los Servicios Sociales será un modelo que aporte a las arcas públicas y genere empleo.
