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Podem celebra las acciones legales contra el fraude de iDental pero reclama ir más lejos

  • Los diputados Jordi Alamán y Daniel Geffner aprecian la iniciativa de la Generalitat pero advierten de que hay que reformar la legislación

Jordi Alamán y Daniel Geffner, diputados de Podem en Les Corts Valencianes, han hecho suya la causa de los afectados por el posible fraude de la cadena de clínicas deontológicas iDental, originaria de Alicante. La pasada semana los diputados lanzaron dos preguntas en el Pleno de Les Corts al Govern de Ximo Puig sobre este caso así como una batería de preguntas y solicitud de documentación y están estudiando nuevas medidas para paliar el dolor y la indefensión de afectados y trabajadores.

Geffner y Alamán se muestran satisfechos por las acciones legales e inspecciones anunciadas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat, pero esperan que «se llegue mucho más lejos para resarcir a la enorme cantidad de personas que están sufriendo e identificar a los responsables y, sobre todo, hacer las modificaciones legales necesarias para que no vuelva a suceder.»

Ambos diputados ya se han reunido con las plataformas de pacientes damnificados, funcionarios de los ayuntamientos donde se sitúan las clínicas y representantes legales, «para esclarecer los pasos necesarios y defender a los miles de afectados». Jordi Alamán y su compañero Daniel Geffner han explicado que «la alarma ciudadana ante las malas praxis de iDental es acuciante: afectados, personas consumidoras, ciudadanos en definitiva, se están encontrando en la más absoluta indefensión. Hablamos de muchos miles de personas en la Comunidad Valenciana y todo el Estado que se encuentran con sus tratamientos sin terminar y con todas las clínicas de la cadena cerradas debido al concurso de acreedores que ha presentado la empresa.»

Estos cierres han tomado totalmente por sorpresa a los clientes que han protagonizado varias concentraciones espontáneas y se están organizando en plataformas de afectados. IDental cuenta con gran presencia en Alicante, donde acumulan muchos damnificados, que podrían llegar hasta 20.000 en la Comunidad Valenciana según algunas informaciones.

«En Podemos estamos preocupados por la deriva que ha llevado la empresa iDental, tras lo que hemos conocido estos últimos meses,» han apuntado desde la formación morada, «y no sólo por usurpar, bajo publicidad engañosa, unas competencias públicas como son las subvenciones, que se traducen en descuentos imposibles en la práctica. La sospecha también se cierne sobre las cuestiones laborales: ha acumulado varias huelgas de sus trabajadores por el impago de las nóminas.»

«Han utilizado a recién graduados sin tutorización, cobrándoles las prácticas a base de incentivos por tratamiento, lo que convierte todas estas intervenciones en prácticas de riesgo» han denunciado desde Podem.

La formación morada advierte además de que en esa empresa se ha usado «material de mala calidad sin la debida esterilización, lo que ha provocado ya varias infecciones. Los tratamientos están mal hechos, se confunden de muelas y mucha gente se queda sin dentadura en una primera intervención para luego esperar con tornillos en la boca una segunda intervención que nunca llega.»

«Además el sistema de financiación es inmediato,» recalcan los diputados, «la gente pide un crédito al consumo para pagar un tratamiento que no se realiza y se queda con la deuda. La mala praxis se ceba con ciudadanos muy vulnerables. Nos referimos a pensionistas, a personas en paro, a trabajadores que ganan menos de un SMI y que se quedan con una deuda del 25% o incluso del 50% de sus recursos en esta estafa. De forma cínica, se ha hecho llamar "una corporación hospitalaria social, de dentistas con corazón", como reza su eslogan, pero nada más lejos de la realidad: a estos ciudadanos los confunden ofreciendo unas subvenciones que usurpan competencias públicas. Las subvenciones están ligadas a unos derechos de los ciudadanos. Una empresa privada no puede engañar de este modo.»

También denuncian que aunque las actuaciones de las administraciones públicas lleguen tarde, son bienvenidas, y se pueden producir dentro de las limitaciones existentes en el derecho público: inspecciones laborales, sanitarias, expedientes sancionadores... aunque advierten de que no serán suficientes dada la inmediatez que requieren las soluciones.

«Hemos preguntado al Conseller de Economia de la Comunitat Valenciana y nos dice que están trabajando, pero en realidad no basta con inspecciones, sanciones o acciones legales, sino que hay que generar marcos normativos o asegurar que ante casos como estos las empresas respondan, exista prevención y protección efectivas, donde el ciudadano no acabe en una situación de indefensión como la acontecida», han concluido.

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