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Planchadell: «Los anteproyectos de eficiencia procesal y enjuiciamiento criminal suponen una clara apuesta por la mediación y justicia restaurativa»

Planchadell: «Los anteproyectos de eficiencia procesal y enjuiciamiento criminal suponen una clara apuesta por la mediación y justicia restaurativa»

    La catedrática en Derecho Procesal de la Universitat Jaume I, Andrea Planchadell, ha analizado, en un webinar de la Cátedra de Mediación Policía «Ciutat de Vila-real» dos proyectos legislativos que podrían significar un punto de inflexión en la práctica de la mediación y la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico español. Planchadell ha explicado que los dos anteproyectos, la Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia y la Ley de enjuiciamiento criminal, «suponen una clara apuesta por la mediación y la justífica restaurativa».

    El webinar gratuito organizado por la Cátedra de Mediación Policial «Ciutat de Vila-real» de la UJI bajo el título «Las reformas legales en materia de mediación y justicia restaurativa: ¿un paso adelante?» está incluido dentro de las actividades de divulgación del curso de formación continuada «Introducción a la Mediación Policial», enmarcado en las acciones de difusión del conocimiento promovidas desde la cátedra universitaria.

    Respecto al anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal, la directora de la cátedra ha destacado que «se afianza el derecho de acceso a la justicia, reconocido por nuestro texto constitucional en su artículo 24; derecho fundamental que tiene que suponer una consolidación de derechos y garantías para los ciudadanos y ciudadanas». En su opinión, hay dos grandes retos que la justicia tiene que afrontar: «Hacer frente a las dificultades en el desarrollo de la tarea diaria de los juzgados y tribunales y ofrecer un servicio eficiente y justo para la ciudadanía».

    Para ello, ha explicado, se considera fundamental involucrar a las personas en el sistema de justicia, en la resolución de los conflictos, finalidad a la que responde la introducción de medios adecuados de resolución de controversias (ADR, en su acrónimo inglés). «La eficaz y justa tutela de la ciudadanía no siempre requiere de la intervención de los órganos jurisdiccionales a través del proceso, sino que puede producirse a través de la negociación entre las propias partes del conflicto o guiados por un tercero imparcial, el mediador», ha comentado.

    En la función de mediación, ha dicho, tienen cabida no pocos profesionales (abogacía, procuraduría, notarías, registros de la propiedad, educación social e incluso las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una intervención proactiva). Esta norma pretende desarrollar todo el potencial que ofrece la mediación, casi 10 años después de la aprobación de la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Como afirma la propia exposición de motivos de este anteproyecto, «antes de entrar en el templo de la justicia, se tiene que pasar por el templo de la concordia».

    El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce expresamente, después del paso dado por el Estatuto de la Víctima, la justicia restaurativa, «lo que supondrá un cambio muy importante en el ordenamiento jurídico español», ha señalado Planchadell.

    La profesora ha indicado que la nueva norma dedica cinco artículos, integrados en un capítulo, y sin perjuicio de otras menciones en el texto, en la regulación de los elementos básicos de la justicia restaurativa: principios que la integran (voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad); procedimiento y, «una cosa muy importante, ha comentado, sus consecuencias, principalmente la posibilidad de archivo de la causa siempre escuchando a las víctimas o la suspensión de la pena».

    Así mismo, el anteproyecto también hace especial mención a la justicia restaurativa en la ejecución de la sentencia. Se concibe la justicia restaurativa como «un instrumento al servicio de la decisión exprés del Estado de renunciar a la imposición de la pena cuando esta no es necesaria a los fines públicos de prevención y pueden resultar adecuadamente satisfechos los intereses particulares de la víctima», ha concluido.

    La Cátedra, creada mediante convenio entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Universitat Jaume I el 8 de abril de 2015, tiene como objetivos generales el fomento de la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la innovación en el ámbito de la mediación policial y la resolución pacífica de conflictos mediante las fuerzas policiales.

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