Morella celebra el último pleno de este mandato con el sorteo de mesas electorales
La sesión destacó por el consenso, excepto en la exigencia a la Generalitat de un cambio en el sistema de pagos de los servicios sociales y el cumplimiento del calendario de pagos, dónde el Grupo Popular votó en contra. Además, el pleno reconoció al observador meteorológico Juan Amela, tras recibir un premio de la AEMET
El Pleno de Morella se despidió de este mandato hasta después de las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Y lo hizo con una sesión marcada por el consenso en la mayoría de los puntos. Unos acuerdos que se rompieron en el último punto de debate, ya que el Grupo Municipal Popular votó en contra de la exigencia a la Generalitat de que cumpla el calendario de pagos de los servicios sociales y que se cambie el actual sistema de gestión. Además, en la sesión también se sortearon los integrantes de las mesas electorales y, anteriormente, se reconoció el trabajo del observador meteorológico, Juan Amela, tras recibir un premio de la AEMET.
El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, agradeció el trabajo de todos los concejales nombrados en estos últimos cuatro años, un total de catorce, los actuales once ediles (Rafael Pallarés, María Rallo, Amadeu Bordas, Ernesto Blanch, Malú Blasco, Palmira Mestre, por el Grupo Socialista, y Jesús Ortí, José Agustín Amela,
Miguel Ángel Querol y Noelia García, por el Grupo Popular)más tres que han dejado su cargo municipal en este tiempo (Ximo Puig, por el Grupo Socialista, y Guillermo e Isabel Sangüesa, por el Grupo Popular). Además, despidió y tuvo unas palabras especiales para los cuatro que seguro que no continuarán en la próxima legislatura, ya que no integran las candidaturas al Ayuntamiento de Morella o están en puestos muy retrasados (Jesús Ortí, por el Grupo Popular, y María Rallo, Ernesto Blanch y Palmira Mestre, por el Grupo Socialista).
Puntos aprobados
Por lo que respecta al debate de ayer, se aprobaron distintos puntos de importancia, como la exigencia al IVACE de una actuación más contundente contra el recurso de Renomar a la resolución y la ratificación de solicitud de asistencia jurídica a la Diputación de Castellón para personarse. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Morella lleva años presentando batalla legal contra las empresas eólicas para que paguen el IBI de características especiales, obteniendo resoluciones favorables. Además, también se ratificó la encomienda de gestión a la Diputación del servicio de recogida de residuos urbanos, se adjudicó el aprovechamiento de madera de Pereroles a la empresa Gil Forestal SL, se aprobó la solicitud a la FEMP de adhesión al convenio de Participación y Transparencia y se informó de las actividades culturales realizadas durante el mes de abril.
Por último, se aprobó la moción de exigencia a la Generalitat de un cambio de sistema de gestión en los servicios sociales y de un cumplimiento en los calendarios de pago acordados, ya que los primeros abonos han llegado con retrasos importantes. Hay que recordar que el 1 de enero de 2015 entró en vigor el nuevo sistema de gestión de los centros de día y residencias, entre otros. El Ayuntamiento de Morella ya se posicionó en contra de esta modificación y advirtió que este sistema provocaría retrasos en los pagos, ya que la administración autonómica, que acumula grandes deudas, ha pasado a ingresar directamente la cantidad que los usuarios pagaban a los ayuntamientos o empresas gestoras de los centros, y después ha de pagarlo a los gestores de los centros. Este cambio origina que los centros no dispongan de la aportación de los usuarios al instante, sino que el dinero va a Valencia y regresa después de unos meses.
Por ello, Rhamsés Ripollés afirmaba que “se está demostrando que este nuevo sistema no funciona y lo que denunciamos en el mes de diciembre, ya se está cumpliendo, ya que las empresas gestoras de los centros, como la Residencia o el Centro de Día en Morella, estamos financiando a la Generalitat”. Además, el alcalde recordó que, la pasada semana, la administración autonómica realizó la modificación de crédito que exigió el consistorio local, al percatarse de la situación, ya que la cantidad asignada inicialmente a la Residencia San Juan Bautista era 500.000 euros inferior a la que debía ser.
