El PP de Mislata aumentó la edificabilidad de la plaza Mayor de 7 a 14 alturas a cambio de 7,5 millones

Los años de crisis económica -provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria- habían dejado latente en Mislata un problema que ahora vuelve a estar de actualidad: los PAI's aprobados a principios del nuevo milenio durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Conresa, Quint II y el Polígono T son los nombres de algunas de las actuaciones urbanísticas que dejó aprobadas el PP -con la oposición de PSOE y EU- y que no sólo agotaron el suelo municipal y destruyeron la poca huerta que quedaba, sino que también comprometieron la construcción de cerca de 2.000 nuevas viviendas.

Durante estos últimos años, la caída de la demanda inmobiliaria había provocado que los agentes urbanizadores de esos PAI's no hubieron hecho efectivos sus derechos de edificabilidad. Sin embargo, las circunstancias están cambiando y los promotores están empezando ahora a solicitar licencias de construcción, que el Ayuntamiento no puede negar porque se trata de actuaciones aprobadas en su día por la Corporación Municipal, cuando el PP de Mislata gobernaba con mayoría absoluta.

El inicio de las obras construcción de nuevas viviendas en la plaza Mayor ha generado cierto malestar entre la ciudadanía, resucitando el fantasma de la herencia urbanística, en una ciudad que ostenta ya una de las mayores densidades de población de toda Europa. Obviamente, la indignación vecinal es compartida por el gobierno de Carlos Fernández Bielsa, del PSOE, que en 2005 ya advertía desde las bancadas de la oposición del caos que provocaría el modelo urbanístico del PP, "basado en la construcción desmesurada de viviendas de renta libre y en los negocios multimillonarios de las empresas urbanísticas", denuncia Bielsa.

El PRI (Plan de Reforma Interior) de Conresa -nombre de la empresa de refrigeración que había instalada en pleno casco urbano- fue aprobado inicialmente a mediados de 2005 y sólo unos meses más tarde, en diciembre, el gobierno del PP de Mislata llevó a pleno un nuevo acuerdo sobre los aprovechamientos urbanísticos, aumentando de 7 a 14 las alturas de los edificios a construir en la plaza Mayor. Según cita textualmente el informe entregado hoy por el jefe del servicio de Urbanismo al alcalde, "como consecuencia del aumento del techo edificable respecto del programa inicialmente sometido a información pública, se establece una compensación económica de 6.127.472€ y la obligación de ceder un local de 800m2 o una compensación de 1.440.000€ (el Ayuntamiento optó por esto último)".

En resumen, el Partido Popular de Mislata aumentó la edificabilidad de la plaza Mayor y dobló el número de alturas permitidas, aclara Bielsa, "a cambio de 7,5 millones, que en principio iban a ser para construir un nuevo ayuntamiento, que sólo respondía a sus ansias megalómanas, y que al final fue para pagar a Lubasa por los parkings, en la operación económica más ruinosa de la historia de Mislata".

"Anular un PAI ya ejecutado es inviable jurídicamente"

El informe solicitado por el alcalde al máximo responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento hace referencia a las posibilidades reales de encontrar una solución a la herencia recibida: "Anular un PAI ya ejecutado, además de ser inviable jurídicamente, de realizarse daría lugar a compensaciones e indemnizaciones". Y las cuantifica.

En el caso de la plaza Mayor, informa el técnico municipal, "debería considerarse la devolución de las cantidades recibidas (6.127.472€ + 1.440.000€) y el valor de los solares existentes pendientes de edificar (según valor catastral: 4.301.878,29€, 4.301.878,29€, 4.391.379,84€ y 4.391.990,77€), lo que da una cifra total de 25 millones de euros, a los que habría que adicionar los costes de las modificaciones de planeamiento, procesales, intereses, etc...".

Y esto sólo en el PRI de Conresa, el de la plaza Mayor. Si a las cuentas se añaden los PAI's del Quint II y del Polígono T, la cifra superaría los 50 millones de euros que avanzó hace unos días la portavoz del gobierno municipal, Mª Luisa Martínez Mora. Unas cantidades "inasumibles" para el Ayuntamiento y que han obligado a la concejala a exigir al portavoz del PP, Jaime López Bronchud, "un mínimo de decencia política a la hora de abordar este asunto".